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Los diputados frenaron el avance del proyecto de ley que reforma la Ley General de Contratación Pública y que podría permitir la contratación de obra pública, bienes y servicios a dedo y que debilitaría la fiscalización de los contratos.
Con una votación unánime de 43 legisladores, este martes, se aprobó la retrotracción del expediente 24.215 al primer debate, es decir, se devuelve para hacerle modificaciones de fondo, en el plenario, para luego repetir nuevamente el primer debate.
La iniciativa es del jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y busca exceptuar las contrataciones que realiza la Cruz Roja Costarricense de los mecanismos de control.
Sin embargo, también exceptúa de las normas de control a los acuerdos de costo compartido celebrados con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.
Esta última reforma es la que ha generado la oposición de la Contraloría General de la República (CGR), pues la institución teme que esas modificaciones puedan abrir las puertas a las contrataciones a dedo en el Estado, en particular a organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
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En una nota urgente, del 31 de marzo, la contralora general, Marta Acosta, advirtió que el riesgo de las contrataciones a dedo persiste, pese a los cambios que se hicieron en la Comisión de Asuntos Sociales.
“El criterio de la Contraloría ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública, por lo que la propuesta del texto base y el texto sustitutivo es contraria al artículo 182 de la Constitución”, dijo la contralora Acosta en su carta.
“Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos derecho público internacional, en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública, ley 9986 (como se pretendía en la propuesta original), aún se mantienen serios riesgos advertidos respecto a la contratación de obra pública sin concurso, como incluso indica la Constitución Política y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización”, continuó.
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Acosta aseguró que es conveniente hacer del conocimiento de los diputados y diputadas ese criterio técnico, antes de que el proyecto siga avanzando en el Congreso.
Acosta enfatizó que cuestionaron tanto el proyecto cuando se planteaba la reforma como una exclusión, reformando el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública, como ahora que se pretende hacerlo mediante una excepción de la aplicación de las normas sobre contratación pública, modificando el artículo 3 de esa ley, en la última versión aprobada del proyecto.
En la nota remitida a los jefes de fracción, la contralora recordó que ha enfrentado, en ocasiones anteriores, “la constante negativa de algunos sujetos de derecho público internacional para atender solicitudes de información sobre la utilización de fondos públicos, bajo el argumento de privilegios o inmunidades de que gozan esos sujetos, lo que ha impedido sensiblemente la fiscalización”.
