EscucharLa administración del presidente Chaves ha propiciado un preocupante retroceso en la gestión ambiental del país, comprometiendo décadas de avances en conservación y sostenibilidad. El más reciente Informe del Estado de la Nación, junto con múltiples análisis en medios especializados, evidencia el debilitamiento de las políticas ambientales, la pérdida de liderazgo en foros internacionales y la erosión de la institucionalidad encargada de proteger el patrimonio natural.
Las señales de esta regresión son claras y alarmantes: la paralización en la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el retraso en la tramitación de planes reguladores y la eliminación del presupuesto anual de ¢1.000 millones destinado a indemnizar tierras expropiadas para la creación de áreas protegidas, entre otras.
A esto se suman declaraciones inquietantes desde el Ejecutivo, que evidencian un desconocimiento sobre la importancia de la conservación, como la afirmación de que las áreas silvestres protegidas “tampoco quedarán solo para los monitos”. Además, se han tomado decisiones administrativas que despojan al Sistema Nacional de Áreas de Conservación de sus competencias, delegándolas arbitrariamente a consultorías externas sin justificación fundamentada.
El más reciente golpe a la gobernanza ambiental se materializa en el decreto N.º 44859-MINAE de 2025, que centraliza la toma de decisiones legales en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), subordinando el criterio técnico a intereses políticos. Esta medida no solo vulnera la independencia de los órganos encargados de la protección ambiental, sino que abre la puerta a una toma de decisiones discrecional, carente de rigor científico y objetividad.
Costa Rica ha construido su liderazgo ambiental sobre una base legal sólida, reforzada desde la reforma del artículo 50 de la Constitución en 1994, que garantiza el derecho a un ambiente sano. A partir de ello, el país adoptó leyes clave como la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554), la Ley de Biodiversidad (N.° 7788) y la Ley Forestal (N.° 7575), entre otras.
Este marco normativo promueve la conservación de los recursos, su uso sostenible y la participación ciudadana, funciones tuteladas por instancias técnicas especializadas como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio). Estas entidades, creadas con autonomía operativa, garantizan que las decisiones ambientales se basen en criterios científicos y no en intereses políticos.
Además, la Ley General de Administración Pública, en su artículo 83, regula la desconcentración administrativa y establece que, cuando un órgano ha sido desconcentrado por ley, no puede estar sujeto a la plena subordinación de su superior jerárquico. En términos ambientales, esto significa que el ministro del Minae no puede intervenir ni sustituir la competencia de entidades como Setena, Sinac o Conagebio. De esta manera, se garantiza que las decisiones sobre conservación, biodiversidad y viabilidad ambiental, ya sea con o sin estudios de impacto, respondan exclusivamente a criterios especializados y no a presiones políticas.
El decreto N.º 44859-MINAE de 2025 vulnera este principio al establecer una reforma administrativa parcial que “integra las asesorías jurídicas de las áreas temáticas relativas a meteorología, aguas, energía, combustibles, calidad ambiental, biodiversidad, evaluación ambiental, áreas protegidas, forestal, vida silvestre, cuencas hidrológicas, patrimonio natural del Estado, marino costero, zona marítimo-terrestre, cambio climático e hidrocarburos”. Además, deroga normativas que sustentaban la autonomía legal de Setena (N.º 36815-Minaet) y Conagebio (N.° 34433-MINAE), lo cual debilita la independencia institucional de estas instancias.
En la administración pública, toda decisión debe estar respaldada por razones de hecho —como estudios científicos para la delimitación de un área silvestre protegida, la evaluación de una viabilidad ambiental o la existencia de material en una cantera—y por elementos de derecho, es decir, criterios jurídicos especializados y normativas ambientales que rigen cada caso.
Sin embargo, la concentración del criterio jurídico en una única asesoría legal subordinada al ministro del Minae impone un filtro centralizado, lo que elimina ilegalmente la desconcentración y subordina las decisiones ambientales a intereses políticos. Esto no solo distorsiona el propósito de los órganos especializados, sino que también abre la puerta a la intervención discrecional en asuntos altamente complejos, debilitando la independencia y rigurosidad de las resoluciones adoptadas.
El riesgo es evidente: si un acto administrativo emitido por un órgano desconcentrado, como Setena o Sinac, es impugnado, su revisión recaerá en el máximo jerarca del Minae. Pero dado que la misma asesoría jurídica que participó en la decisión inicial será la encargada de revisarla, ¿cómo garantizar un análisis imparcial y libre de interferencias políticas?
Esta estructura viciada no solo compromete la independencia institucional, sino que facilita la manipulación política de la institucionalidad ambiental, debilitando los mecanismos que han protegido el patrimonio natural del país.
Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su liderazgo en conservación ambiental, afronta hoy un grave retroceso que amenaza con desmantelar su institucionalidad ambiental. La erosión de sus políticas de protección y la politización de las decisiones ambientales comprometen la sostenibilidad del país y ponen en riesgo sus recursos naturales. Este no es un simple debilitamiento del sistema, sino un ataque frontal a décadas de avances.
El decreto 44859-MINAE es una prueba de ello: abre la puerta a la intervención política en decisiones ambientales, debilita los controles administrativos y viola el principio de desconcentración consagrado en la legislación ambiental. Al desmantelar la independencia de los órganos especializados, se pone en peligro la capacidad del país para garantizar la conservación efectiva de su biodiversidad.
Es imperativo exigir transparencia, el cumplimiento riguroso de la normativa ambiental y la restitución de una visión de Estado que coloque la conservación en el centro del desarrollo nacional.
La historia ha demostrado que cuando Costa Rica protege su patrimonio natural, gana su gente, su economía y su futuro. No podemos permitir que este retroceso nos arrebate lo que con tanto esfuerzo hemos construido.
gutmon@ice.co.cr
Édgar E. Gutiérrez Espeleta es biometrista y catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica. Se desempeñó como exministro de Ambiente y Energía en 2014-2018.
