El 13 de mayo del 2024, hace exactamente nueve meses, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretó la intervención de Coopeservidores R. L., luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en uso de sus atribuciones de supervisión regulares, detectara una supuesta alteración de los estados financieros de la cooperativa, incluso utilizando herramientas tecnológicas, que hacía aparecer como si estuvieran al día operaciones que en realidad se encontraban en mora, afectando de esa manera las estimaciones y, en consecuencia, el aprovisionamiento debido. Sorprendentemente, ni la auditoría interna ni el comité de riesgo de la entidad se habían percatado de las irregularidades.
Posteriormente, el 21 de junio del año pasado, la cooperativa fue declarada inviable y se inició el proceso de resolución, con base en la recién aprobada “Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros” (No. 9816), una de las regulaciones actualizadas como parte del proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Siguiendo las recomendaciones del Interventor, se estableció como mecanismo de resolución la aplicación de los incisos b), c) y e) del artículo 37 de dicha ley, es decir, el traspaso de activos y pasivos a otra entidad financiera o a un fideicomiso.
La inviabilidad financiera de Coopeservidores afectó a más de 150.000 familias. Hasta ahora, el acuerdo al que se llegó con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, absorbiendo este el 80.5% de los activos del llamado “banco bueno”, ha logrado salvaguardar los ahorros e inversiones de aquellos que tenían montos menores a ¢6.000.000, pero solo el 50% de aquellos con montos mayores a esa suma. En consecuencia, los ahorros y depósitos de más de 5.000 personas —y muchos más si se toman en cuenta los afectados a través de las más de 200 asociaciones solidaristas involucradas—, se encuentran todavía en vilo, a la espera de lo que produzca una eventual venta de los activos remanentes, mientras estos y la cartera de crédito se deterioran irremediablemente con el paso del tiempo.
La supervisión financiera tiene como propósito principal preservar la estabilidad del sistema financiero y proteger los intereses de los usuarios, mediante mecanismos que garanticen la solvencia, la transparencia y el cumplimiento normativo, reza la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y uno de los objetivos de la resolución de los intermediarios financieros es proteger el ahorro de sus clientes, minimizando el costo de aquella y evitando toda destrucción de valor. Ciertamente, ninguna supervisión puede garantizar siempre el buen uso de los ahorros de los usuarios; menos si, como en este caso, se dio una manipulación fraudulenta de la información remitida a las autoridades. Pero llevan razón los ahorrantes perjudicados cuando se quejan de la lentitud, la escasa información, y la poca transparencia del proceso de resolución.
Más grave aún: la situación podría empeorarse si, como se anticipa, pasa el tiempo, fracasan de nuevo los intentos por colocar la cartera o no se consolida el fideicomiso y vencen los plazos de ley, de manera que el asunto termine en un proceso concursal en sede judicial. Allí, los ahorrantes e inversionistas serían presa fácil del desconocimiento de los jueces, de la todavía más lenta tramitación, de la falta de personal y hasta del menosprecio por la protección de sus derechos e intereses mostrado en otros casos, provocando un deterioro mayor de la cartera y reduciendo substancialmente las posibilidades de recuperación.
Han sido muchas las instancias en que los usuarios del sistema financiero quedan desamparados y con las manos vacías. Las acciones penales contra los funcionarios responsables de conductas indebidas en las entidades en problemas son indispensables como precedentes aleccionadores que eviten su repetición futura, pero con ellas no se recupera el dinero perdido. Solo una supervisión rigurosa, una intervención oportuna y trámites expeditos y transparentes pueden restaurar y mantener la confianza de los ahorrantes en el sistema. La Ley 9816 introdujo reformas relevantes, pero la experiencia demuestra que queda todavía mucho trabajo por hacer. Se han señalado ya varias áreas de mejora en relación con la calidad de los datos, el papel de las auditorías y el nivel del gobierno corporativo de las entidades financieras, particularmente en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. Es hora de actuar.
Vista de una sucursal de Coopeservidores en Costa Rica. (Albert Marín/Albert Marín)
Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.
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