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El escándalo por presuntos actos de corrupción en la construcción de la trocha fronteriza con Nicaragua se ha prolongado por 13 años. El juicio podría empezar el 31 de marzo, siempre que no surjan nuevos contratiempos. En tanto, el “megacaso” del cemento chino, revelado en 2017, apenas se encuentra en audiencia preliminar con el fin de determinar si hay elementos para llevarlo a juicio.
Estos y numerosos casos más evidencian el problema sistémico de la lentitud judicial en el país, lo que hace imprescindible la reforma al Código Procesal Penal propuesta por la Corte Plena este 17 de marzo para acelerar los juicios y garantizar una justicia efectiva. Los cambios son esenciales para evitar el calvario de largos procesos, además de fortalecer la confianza en la justicia.
Las modificaciones intentan acabar con tácticas dilatorias de los imputados o de sus abogados para llegar a juicio. De ahí que se requiere el compromiso de los 57 diputados para avanzar pronto y sin retrasos en el trámite y discusión de las propuestas. Cuatro son las que sobresalen:
1. Cierre de un portillo: La reforma busca eliminar una práctica común de los abogados defensores: la de posponer audiencias preliminares con el argumento de una agenda saturada debido a otras diligencias judiciales. De aprobarse el plan, si el defensor no puede asistir, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios. Igualmente, si en cualquier etapa del proceso, el defensor abandona el caso por incapacidad, vacaciones u otras tareas, deberá prevenir al imputado para que, también en cinco días, designe un sustituto o se le asigne un defensor público. Es importante recordar que la audiencia preliminar es un filtro fundamental en el proceso penal. En esta fase, un juez escucha la acusación de la Fiscalía y las pruebas de las partes para determinar si el asunto debe ir a juicio. Se trata de una función de control que evita juicios innecesarios y garantiza el derecho de defensa. El Poder Judicial documentó, entre 2018 y 2022, la suspensión de más de 21.000 audiencias preliminares, un 10,36% del total.
2. Obligación de dar la cara: La reforma indica que si un imputado no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarado en rebeldía, es decir, se emitirá una orden de captura para garantizar la continuidad del proceso. Actualmente, la incomparecencia a la audiencia preliminar no lleva a declarar su rebeldía.
3. Medidas alternas: La propuesta de los magistrados dispone que la audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o procedimiento especial abreviado. Por ello se hace obligatoria la asistencia del imputado y se convoca a la víctima. Estos cambios buscan agilizar la fase preparatoria, reducir la duración de los procesos y fomentar la aplicación de alternativas que eviten la judicialización total de los casos.
4. Ajuste en composición de tribunales penales de juicio: Para delitos con penas no privativas o de hasta 10 años, se autoriza que un solo juez (tribunal unipersonal) se constituya para conocer el caso, lo cual permitirá resolver más casos en menos tiempo. Actualmente, el tribunal unipersonal solo tiene potestad para resolver asuntos donde la sentencia es menor a cinco años.
Garantizar que los juicios se realicen en tiempos razonables es indispensable para fortalecer el Estado de derecho y restaurar la confianza ciudadana en el sistema judicial. La percepción de una justicia lenta ha sido una queja constante de la población. En la encuesta de percepción de servicios públicos realizada por la Contraloría General de la República en 2018, el 60% de los consultados expresó que el Poder Judicial no garantiza justicia pronta y cumplida. Este sentimiento se reafirmó en una encuesta de 2023, contratada por el propio Poder Judicial y dirigida exclusivamente a usuarios del sistema judicial. En ella, el 63% calificó como lentos o muy lentos los tiempos de respuesta para la resolución de casos y el dictado de sentencias.
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El III Informe del Estado de la Justicia, publicado en 2020, evidenció que los casos de corrupción pueden tardar más de siete años en resolverse. Esta demora no solo deteriora la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que también refuerza la sensación de impunidad. Además, el debilitamiento de la justicia tiene repercusiones directas en la democracia y facilita el auge del populismo, como advirtió dicho informe.
No obstante, la percepción del Poder Judicial ha mostrado señales de mejora. La encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de noviembre de 2024, determinó que esta es una de las instituciones mejor calificadas. Su labor recibió una puntuación de 6,1 (en una escala de 10), muy por encima del 4,9 que obtuvo en 2019. Incluso, la Sala Constitucional recibió un 6,3 y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un 7,3.
Para apuntalar nuestro sistema judicial, entonces, son imperiosas las reformas propuestas por los 22 magistrados. Pero la justicia pronta requiere también de prontas acciones de los diputados para eliminar esas lagunas legales que permiten retardar procesos judiciales. Bien lo dijo el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, al presentar el plan: el país no puede quedarse en discursos ni en repartir culpas; hay que tomar decisiones concretas.
