El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) comenzó el año 2025 sin el presupuesto necesario para llegar a fin de año. El plan de gastos solo contempló recursos para los primeros tres meses, de enero a marzo, una imprevisión que evidencia el desamparo en que está el servicio de pasajeros, la inoperancia en el manejo de la institución y promesas vacías.
Desde lo financiero hasta lo técnico, el deterioro queda expuesto. Fue la Contraloría General de la República la que determinó que los ¢6.163.000.000 programados para este año eran insuficientes para financiar el funcionamiento de la institución durante todo el año. Por ejemplo, no se incluyeron fondos para cubrir la totalidad del pago de contratos de conductores de locomotoras y el cobro del servicio en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Tampoco se asignaron recursos suficientes para el mantenimiento y la adquisición de repuestos para las locomotoras, vagones y vías férreas. Incluso el control de malezas –fundamental para garantizar la seguridad operativa– quedó en rojo, como lo reconoció ante la Contraloría, Miguel Madrigal Gutiérrez, gerente administrativo del Incofer.
Lejos de dar explicaciones, el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Bermúdez Peña, canceló tres veces las entrevistas ya programadas que le pidió La Nación para aclarar qué sucederá con el servicio ante el escaso presupuesto para este año. Desde el 6 de enero, hace exactamente tres meses, periodistas de este diario intentan buscar respuestas cara a cara, pero Bermúdez rehúsa atenderlos.
La falta de transparencia solo agrava las dudas y la incertidumbre. Nuestra preocupación es por los usuarios, sobre todo porque el propio Incofer dio a conocer cuán apreciado es el servicio. Por ejemplo, en 2024 transportó 3.689.747 de personas en todas las rutas, un promedio de 14.000 por día de lunes a viernes, y un incremento de 174.616 con respecto a 2023. Ese incremento se dio pese al cierre parcial desde noviembre de la ruta Cartago-San José debido al deslizamiento en el sector de El Fierro, en Ochomogo.
Las rutas con más pasajeros son Heredia-San José, con 1.374.528 personas, y Cartago-San José, con 1.326.371. La ruta Pavas-Curridabat reportó 612.493 usuarios; San Antonio de Belén, 173.324, y Alajuela-Heredia, 203.031. Tales números son muy halagadores, pero, ni siquiera eso impulsa al gobierno a priorizar la calidad y el desarrollo de este medio de transporte.
La operación está rebasada por las razones que hemos mencionado en múltiples reportajes: los trenes viajan al tope, las frecuencias no dan abasto, y el pretexto oficial es que no hay recursos. A ese escenario se suman decisiones erráticas y desconectadas de las necesidades de los usuarios.
El caso del tren a Paraíso de Cartago es ilustrativo: desde setiembre del 2023 se inauguró un servicio que no llega al centro de la ciudad, lo cual obliga a los pasajeros a caminar o a pagar taxis para acceder al andén ubicado a dos kilómetros del parque. La inversión de ¢1.900 millones requerida para completar la obra fue incluida en el presupuesto de este 2025 por presión de los diputados, no por iniciativa del Ejecutivo ni de Incofer. Eso, pese a que el presidente Rodrigo Chaves prometió a los cartagineses, desde setiembre de 2022, un servicio hasta el centro de Paraíso.
Esta incertidumbre en las decisiones arrastra consigo el abandono del proyecto de tren eléctrico de pasajeros. La actual administración no solo desechó la versión impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado, sino que luego prometió una versión más reducida y “realista”, que a la fecha tampoco muestra avances. La demanda proyectada la bajó de 200.000 a 100.000 pasajeros diarios, y el costo estimado de la obra pasó de $1.550 millones a $800 millones, aunque no hay fecha para licitación ni claridad sobre su ejecución. A 13 meses de que este gobierno entregue el poder, es evidente que esa promesa también se descarriló.
Otra que no se sabe por dónde transita es la promesa del Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca), proyectado para satisfacer entre un 30% y 50% de la carga desde la GAM hacia puertos en el Caribe. Hace un año, en una información de este diario, Bermúdez ofrecía que al final del 2024 habría avances para ponerlo en operación este 2025. Estamos esperando.
En un país donde el congestionamiento vial nos hace perder cantidad de horas por año, donde el conductor de un vehículo puede tardar hasta siete minutos para recorrer 100 metros en horas pico, porque no hay campo para tanto carro y vehículos de carga, y donde el transporte de buses también arrastra serias deficiencias, resulta inadmisible que el tren sea tratado con tal desdén. Cuanto más se quede rezagado el ferrocarril de pasajeros, más usuarios se verán empujados a conducir sus propios autos o motocicletas. Quienes gobiernan y tienen el poder de decisión deben comprender que convirtieron la solución de fondo en otra víctima de la burocracia, del cortoplacismo, de la improvisación y de la falta de visión.
El Incofer no solo está descarrilado; está abandonado. Y la falta de presupuesto para el 2025 es el último vagón de un convoy de promesas incumplidas y decisiones fallidas. Si el gobierno no toma acción urgente y decidida, estará firmando la condena de un servicio que, pese a todo, la ciudadanía sigue esperando que funcione.
