EscucharInexplicablemente, la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa está presentando una férrea oposición al proyecto de ley, cuyo fin es promover una baja en las tarifas aéreas para viajes intracentroamericanos. Parecen estar muy cómodos con las prácticas vigentes y los costos exorbitantes de los tiquetes aéreos para viajar entre estos países.
En realidad, es incomprensible, pues no hay argumentos sólidos para oponerse a la situación vergonzosa de los altísimos precios de los tiquetes aéreos, seriamente distorsionados por razones de poder monopólico y prácticas discriminatorias contra los viajeros.
Un tiquete desde cualquier país del área hacia Europa o Estados Unidos con frecuencia sale más barato que uno desde Costa Rica a Guatemala o Panamá. Basta con entrar a las páginas web de las pocas aerolíneas que sirven el mercado centroamericano para comprobar este absurdo. Precios cercanos o mayores de $1.000 por un viaje corto entre estos países no son inusuales, especialmente si se tiene que viajar con urgencia.
La incomodidad de los oficialistas parece surgir de la propuesta de rebajar las tasas aeroportuarias, simplemente por una obsesión fiscalista. Es irracional temer una rebaja en la recaudación de este impuesto. No solo no tiene asidero, sino que ignora los efectos positivos para el resto de la economía, derivados del estímulo a la venida de un mayor volumen de viajeros del resto de Centroamérica a nuestro país.
De hecho, después de la pandemia, este sector del turismo regional aún no ha logrado recuperarse, y eso lo sienten con mayor intensidad los pequeños hoteles y restaurantes de la capital y de las zonas de turismo de ingresos medios.
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Elasticidad de la demanda
No hay razón para temer una disminución en la recaudación, pues, como cualquier economista de “tostel” les podría explicar, existe algo llamado “elasticidad de la demanda”. Hay ciertos bienes y servicios, especialmente aquellos no estrictamente necesarios para atender las necesidades básicas, cuya cantidad demandada se incrementa proporcionalmente más cuando hay una rebaja del precio. Esto significa un aumento en el valor neto de las ventas y, por consiguiente, de los impuestos aplicados.
Los tiquetes aéreos entran en esa categoría, tal como lo demuestran múltiples estudios realizados en muchos países. Es probable que la recaudación del impuesto de salida de los aeropuertos se compense con la mayor afluencia de pasajeros e incluso aumente.
Las elevadas tarifas aeroportuarias actuales son irracionales tratándose de vuelos cortos, como los intracentroamericanos, cuya duración no sobrepasa las dos horas. Muchas veces, las tasas de los impuestos de salida son mayores que el propio costo por pasajero para la aerolínea.
De hecho, muchas de ellas argumentan no bajar los precios de los tiquetes debido a la baja ocupación de los vuelos, producto de las elevadas tarifas. También ha sido la principal excusa de varias compañías aéreas de bajo costo para operar en América Central y la República Dominicana. Si se logra una reducción en el impuesto, se abrirá espacio para atraer varias de ellas. Actualmente, operan en Norte y Suramérica, y no les resultaría difícil abarcar también este mercado. Esto logrará una rebaja sustancial en los precios de los vuelos de corta duración a otros países del área.
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Aclaración de varios puntos
De acuerdo con la propuesta del Banco Mundial, los impuestos de salida se rebajarán únicamente para aquellos vuelos cuyo precio se rebaje a un monto máximo preestablecido. Segundo, la rebaja debe ser recíproca con el resto de los países. Si alguno de estos países no rebaja sus impuestos y los precios de los tiquetes no alcanzan los mínimos preestablecidos, tampoco operaría la rebaja en los impuestos de salida o entrada. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo con impuestos de entrada.
Uno de los argumentos más absurdos esgrimidos por los oponentes al proyecto es que la rebaja en esos impuestos disminuirá los beneficios del turismo para Costa Rica, ya que, según ellos, una vez en el país, o cuando planeen sus itinerarios, podrían decidir visitar también otras naciones del área y esto acortaría su estancia.
Lo anterior sugiere una especie de extorsión para los visitantes de terceros países, manteniéndolos casi como rehenes o prisioneros dentro del territorio nacional, e impidiéndoles, mediante tarifas aéreas prohibitivas, viajar a otros destinos en el Istmo. Es como si los Estados europeos decidieran subir los precios de los vuelos entre ellos para obligar a la gente a quedarse solo en uno de ellos por más tiempo. Una política de este tipo, por el contrario, desestimula el turismo y causa una desviación hacia otros destinos.
No olvidemos que Costa Rica es, en estos momentos, el país más caro de la región, entre otros factores por las distorsiones cambiarias y de los mercados. Debe tenerse presente un hecho irrefutable: Guatemala y El Salvador, e incluso Nicaragua y Honduras, están aumentando el ingreso de turistas. La amenaza para Costa Rica surge, principalmente, porque los turistas del resto del mundo ya están descubriendo los innegables atractivos de nuestros países vecinos. Muchos prefieren visitarlos a ellos que a nosotros, debido a la extendida mala fama de caros que tenemos. Y esa amenaza no es menor.
Más bien, la posibilidad de empaquetar viajes por varios países ha demostrado ser, en el mundo, una fórmula muy interesante para aumentar el turismo regional. Y, dadas las circunstancias, Costa Rica se beneficiará también de los viajeros que van a Guatemala, Panamá u otros países.
Otro argumento poco sensato es suponer una “competencia desleal” para los autobuseros regionales, pues ahora resultaría más rápido y barato hacerlo en avión. Esto es desconocer la diferenciación natural de tales mercados. Viajan en autobús quienes necesitan llegar a ciertos destinos específicos. Un turista extrarregional difícilmente decidirá gastar de 14 a 36 horas para viajar a Panamá o Guatemala por tierra. Si lo hace, será por razones ajenas a las tarifas aéreas.
Los opositores al proyecto olvidan los derechos de los ciudadanos a tener tarifas racionales, acordes con su verdadero costo y no a propiciar la generación de rentas a las compañías actuales. No puede admitirse como normal que un ejecutivo de una empresa o una persona urgida de un viaje familiar deba pagar $900 o más por un corto viaje de negocios a El Salvador o Nicaragua.
No se debe negar a los centroamericanos el derecho a viajar por la región a precios acordes con sus verdaderos costos y no los antojadizos fijados por prácticas poco transparentes o por ineficiencia.
El autor es economista y miembro activo de la firma Cefsa desde 1982. Fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en Bogotá, Colombia.
