EscucharTiene razón el gobierno: Huawei no debería convertirse en proveedora de redes 5G en Costa Rica. Por esto, la importancia de que las medidas para evitarlo sean legalmente sólidas y políticamente inteligentes. Sobre lo primero, tengo inquietudes; sobre lo segundo, la certeza de un manejo torpe.
Huawei, como tantas compañías estratégicas chinas, posee vasos comunicantes con su gobierno y el Partido Comunista. En el mejor de los casos, es vulnerable a sus presiones; en el peor, instrumento de sus políticas. Por eso, sobran razones de seguridad para excluirla del concurso.
Más importantes son las de estrategia económica. Si, como expuso el economista Víctor Umaña en estas páginas, hemos apostado a atraer inversiones estadounidenses altamente dependientes de redes digitales, debemos, por realismo, ser particularmente sensibles a sus inquietudes y las de su gobierno. Esto implica no depender de empresas chinas en 5G. Además, Huawei no se ha caracterizado por la transparencia de sus negocios, sus relaciones con el ICE y su cortejo a actores políticos.
Lo que me inquieta es si el fundamento aducido por el decreto para excluirla (que China no es parte de un convenio internacional sobre seguridad cibernética) será legalmente sostenible; si podrá sobreponerse a leyes de contratación pública y competencia, y armonizar con principios constitucionales de libertad comercial. Son umbrales legales sustantivos que deberá superar en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde un sindicato del ICE pretende que se anule la decisión. Entretanto, una medida cautelar detuvo cualquier avance de la licitación mientras se resuelve el caso. Es algo usual en esa instancia.
En lugar de enfocar todas sus baterías en la defensa jurídica del decreto, el Ejecutivo lo ha politizado torpemente. Ataca al Poder Judicial por el retraso; planteó denuncias penales contra Huawei, y la auditora del ICE hostiliza a diputados que expresan dudas sobre la medida; y el viceministro del Micitt afirmó en una comisión legislativa que el régimen chino es totalitario: cierto, pero un mínimo de diplomacia debió cerrarle la boca.
Todo este ruido ha agriado aún más las relaciones con China, importante socio comercial, sin aportar nada a lo crucial: el sustento jurídico del decreto. Lamentable, no sorprendente.
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