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El descalabro de la Financiera Desyfin arrastró a su propia asociación solidarista a una situación de zozobra, pues la organización utilizó dinero de 185 empleados para realizar millonarias colocaciones en la empresa que ahora no sabe si va a poder recuperar.
Por un lado, la Asociación Solidarista de Empleados de Financiera Desyfin (Asodesyfin) invirtió $100.000 en un fideicomiso que está bajo investigación de la Fiscalía, bajo la sospecha de que los accionistas mayoritarios lo utilizaron para ocultar la morosidad en la cartera crediticia de la financiera mediante una compra de créditos malos.
Se trata del fideicomiso Emisión, Administración y Garantía de la Emisión Privada de Deuda 2017, creado con la intención de obtener hasta $10 millones con financiamiento privado.
Por otra parte, la asociación también tenía ¢180 millones depositados a la vista en la Financiera Desyfin, los cuales quedaron congelados debido al proceso de intervención y resolución que enfrenta la empresa.
En total, Asodesyfin colocó ¢230,1 millones (de acuerdo con el tipo de cambio actual) de sus afiliados en el fidecomiso y la financiera.
Según un documento firmado por César Alarcón Abarca, presidente de la asociación, las potenciales pérdidas tendrían impacto en empleados con “muchos años” de trabajar en la Financiera, quienes tenían sus ahorros en la solidarista.
“Bajo estos escenarios, los fondos que dejó de percibir la Asociación juegan un papel importante en la estabilidad económica de estas personas que están desempleadas y otros que quedarán desempleados en el corto plazo también”, externó Alarcón.
Dicha organización es parte de los inversionistas que llevan meses de no recibir rendimientos por sus inversiones en el fideicomiso. Entre ellos figuran otros 19 inversores, principalmente adultos mayores, así como empresas y otras personas físicas.
Asodesyfin se unió a una demanda presentada por los afectados ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra del Estado y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Así consta en el expediente 25-000400-1027-CA, del 20 de enero de 2025, del cual La Nación tiene copia.
En una carta con fecha del 9 de enero, incluida dentro del expediente, el presidente Alarcón Abarca externó su preocupación por el futuro de las colocaciones realizadas.
“Hago constar el impacto que significa la posible pérdida de los fondos invertidos con nuestro patrón, en este caso, la Financiera Desyfin, por medio del bono Cofin.
“La posible pérdida asciende a $100.000, considerando que, en ese momento, se vieron afectados 185 asociados activos que existían al momento de registrar esta posible pérdida”, se lee en el documento.
Federico Campos, abogado de la familia Lacayo, socios principales de la Financiera, dijo que la asociación solidarista, al igual que todos los inversionistas privados, invirtieron en el fideicomiso “bajo su absoluta voluntad, de forma libre y con pleno conocimiento de las características del mismo”.
Añadió que han estado en contacto con Asodesyfin y su representante, con el fin de informar sobre el proceso en el que está la entidad.
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Marianne Kött, resolutora de Desyfin, afirmó que la financiera en proceso de resolución no tiene ninguna relación con este fideicomiso, por lo que no le era posible emitir alguna opinión sobre el tema.
El fideicomiso fue constituido entre la familia Lacayo Beeche, Consultores Financieros S. A. (Cofin), como administrador, y los inversionistas, quienes aportaron recursos a cambio de títulos valores con un pago de rendimientos. Como garantía recibieron acciones de las sociedades dueñas del Grupo Desyfin
Danilo Zamora, gerente de Cofin, afirmó que han cumplido con la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de este fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el contrato del instrumento y en la ley, por más de siete años
El pasado viernes 21 de marzo, La Nación contactó, por medio de una llamada al presidente de Asodesyfin, con el fin de pedirle que ampliara su postura, pero no se refirió al tema.
Este martes, se solicitó de nuevo una posición a través de un mensaje, pero al cierre de esta información no hubo respuesta.
¢180 millones a la vista
En la carta, el presidente de la solidarista de Desyfin precisó que la posible afectación es aún más grande, considerando que la asociación tenía aproximadamente ¢180 millones en fondos a la vista en la Financiera, los cuales están congelados.
Desyfin fue intervenida el pasado 13 de agosto y, posteriormente, se ordenó un proceso de resolución. Esta situación provocó que se congelaran las inversiones y dineros a la vista depositados en la entidad.
Hago constar el impacto que significa la posible pérdida de los fondos invertidos con nuestro patrón, en este caso, la Financiera Desyfin, por medio del bono Cofin. La posible pérdida asciende a $100.000, considerando que, en ese momento, se vieron afectados 185 asociados activos que existían al momento de registrar esta posible pérdida
— César Alarcón, presidente de Asodesyfin
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En el proceso de resolución, aquellos ahorrantes e inversionistas con ¢6 millones o menos tienen sus depósitos garantizados, sea por lo obtenido con la venta de los activos o por la activación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
En cambio, los ahorrantes e inversionistas superiores a ¢6 millones tienen garantizado solo ese monto; la recuperación del resto del dinero dependerá del desenlace del proceso de resolución o el concursal.
Por ejemplo, los afectados por la debacle de Coopeservidores con depósitos mayores a ¢6 millones han recuperado cerca del 50% de su dinero, a raíz de la absorción de una parte de los activos hecha por el Banco Popular.
Si se llega a concretar la venta de más activos durante la resolución, podría aumentar el porcentaje de la recuperación. De lo contrario, la última instancia es la apertura de un proceso concursal con lo que reste de la entidad.
Abogado: ‘No se utilizó fachada de Financiera’
El abogado Federico Campos negó que se utilizara la fachada de Desyfin para captar el dinero en el fideicomiso, que es un instrumento privado. Señaló que siempre se le informó a los inversionistas sobre la estructura del mismo.
“En todo momento, se le informó a los inversionistas sobre la estructura del fideicomiso privado, manejado en un fiduciario tercero inscrito ante la Sugef, en este caso Cofin, quien utiliza un instrumento comercial legítimo para obtener un financiamiento privado constituyendo un patrimonio autónomo, bajo la fiscalización de la Sugef como entidad fiduciaria”, aseveró.
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Campos destacó que los inversionistas, bajo su voluntad, buscan un mejor rendimiento e invierten en el instrumento. Por su parte, los inversionistas sostienen que fue a través de ejecutivos de Desyfin que se involucraron en el fideicomiso.
El jurista aseguró que siempre se actuó bajo el marco de la legalidad y las buenas prácticas y que se respetaron los fines por los cuales fue constituido el fideicomiso; negó que se utilizara con fines contrarios a los intereses de los inversionistas.
“Siempre se informó a los inversionistas de las garantías que tenían en el instrumento bajo la figura de fideicomiso. Había un prospecto de la emisión privada y fue entregado a todos”, señaló Campos.
Casos aislados
Guido Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), manifestó que, durante los últimos años, han existido algunos casos muy aislados en los que asociaciones de ese tipo se han visto comprometidas por problemas financieros del patrono.
“Efectivamente, estas situaciones nos preocupan, especialmente cuando afectan el ahorro y el bienestar de los trabajadores”, aseguró Monge.
Añadió que desde el MSC siempre recomiendan que, si se van a establecer relaciones comerciales entre la solidarista y el patrono, estas estén debidamente fundamentadas, documentadas y sujetas a condiciones de mercado, con contratos claros y garantías suficientes y, sobre todo, con un análisis de riesgo independiente.
“La independencia en la toma de decisiones y una adecuada gobernanza son claves para evitar conflictos de interés y proteger los recursos de los asociados”, comentó el vocero, quien recomendó reforzar los controles internos, lineamientos de inversión y una gestión prudente de los recursos.
No obstante, también señaló que existe evidencia de que la relación de cooperación entre ambas partes ha permitido a las empresas resolver situaciones de estrés financiero de mutuo beneficio, como en la pandemia.
Precisamente, el solidarismo es uno de los grupos de depositantes más afectados por el descalabro de Coopeservidores. De hecho, 27 asociaciones figuran entre los 100 mayores inversionistas de la entidad, según una publicación de La Nación del 2 de agosto del 2024.
