Escuchar
El destino del proyecto de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana, que proponía precios máximos de entre $100 y $120 para boletos de ida y vuelta, según el destino, comenzaría a definirse el lunes 24 de febrero durante la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo. Así lo pactaron los jefes de fracción durante su reunión semanal de este jueves.
Este martes, en una carta dirigida a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, el Ministerio de la Presidencia comunicó que el mandatario, Rodrigo Chaves, vetó la Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica (expediente 24.207) por “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.
Este veto presidencial regresó la discusión a la Asamblea Legislativa, donde el proyecto fue aprobado en segundo debate el 4 de febrero con 34 votos a favor y nueve en contra. La oposición vino de los ocho diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y de Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ahora, los diputados deberán analizar el veto y decidir si aprueban la ley mediante el “resello”, un mecanismo que requiere al menos dos tercios de los votos (38 a favor). Además, al invocarse razones de constitucionalidad para justificar el rechazo presidencial a la iniciativa, la Sala Constitucional deberá conocer el proyecto y emitir su criterio.
Inicialmente, las jefaturas de fracción y la presidencia del Congreso acordaron votar una moción en Plenario Legislativo este jueves para conocer el veto el próximo lunes, a través de un debate reglado de 90 minutos. No obstante, el quórum de la sesión se rompió antes de que se pudiera considerar la moción, por lo que no fue posible ni conocer ni votar la propuesta.
Dado que no hay plenario los viernes, será el lunes cuando se decida si se continuará con el análisis del veto o si se aplazará nuevamente.
¿Cuáles serán las reglas del juego?
Por lo general, cuando un proyecto es vetado por la Presidencia, debe regresar a una comisión dictaminadora. No obstante, desde su inicio, el proyecto de vuelos baratos estuvo dispensado del trámite (exonerado de algunos o todos los pasos tradicionales para la aprobación de una ley) y fue estudiado directamente en el plenario. Esto impide que regrese a etapas previas, como las comisiones.
En consecuencia, Arias solicitó a la Secretaría del Directorio incluir la iniciativa en el orden del día de la sesión del plenario de este jueves, programada para las 2:45 p. m., cuando se pretendía aprobar la moción para discutir el debate reglado previsto para el lunes.
LEA MÁS: ¿En qué consiste el proyecto de vuelos baratos vetado por Rodrigo Chaves y qué sigue ahora?
Además, el presidente del Congreso destacó un aspecto particular en el proceso de análisis del veto: la Sala Constitucional deberá conocer la iniciativa, independientemente de que se apruebe o no.
“Ahora, este veto tiene una característica especial, que es un veto por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. En este veto, independientemente del acuerdo que se tome, tenemos que llevarlo a la Sala Constitucional, sea que se aprobó o que no se aprobó”, explicó Arias.
Proyecto de vuelos baratos
El proyecto de vuelos baratos propone una rebaja de impuestos para reducir los precios de los tiquetes aéreos. La iniciativa sugiere que las aerolíneas ofrezcan pasajes entre Costa Rica y Centroamérica a un máximo de $100 para ida y vuelta, y de $50 para vuelos de solo ida. Para los viajes a República Dominicana, el precio máximo sería de $120 para ida y vuelta y $60 para solo ida.
Además, se plantea modificar la Ley para el Fortalecimiento de la Industria Turística Nacional, reduciendo el impuesto al ICT de $15 a $4 para viajeros provenientes de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. También propone bajar de $27 a $14 el impuesto de salida para quienes viajen a estos países.
El veto del Gobierno se basa en que el estudio del Banco Mundial que fue utilizado para fundamentar el proyecto no fue hecho específicamente para Costa Rica, lo que genera dudas sobre su aplicabilidad.
También argumenta que no hay certeza de que el aumento en la demanda compense la pérdida fiscal ni los recortes al ICT. Además, señala la falta de garantía de que la reducción de precios impulse los viajes de negocios y el turismo multidestino.
En cuanto a los posibles roces de constitucionalidad, el Ejecutivo argumenta que cualquier cambio normativo que reduzca los recursos estatales debe respetar el principio de equilibrio presupuestario. Al no haber certeza de que la disminución de fondos se compense, considera que la propuesta no es aplicable.
