El Banco Central puede decirnos mucho, aun cuando anuncie que no hará nada. Este jueves 22 de agosto, la junta directiva de la institución informó su decisión de mantener sin cambios –por el momento–, su tasa de política monetaria. La medida sugiere una pausa en el camino, luego de cuatro reducciones consecutivas en el indicador, que lo llevaron desde 5,25%, en marzo pasado, a 4%, el 17 de julio.
Lo que está ocurriendo con la inflación en el corto plazo podría ser un escollo para continuar con la política de reducción de tasas de interés, y si este proceso se detiene, aunque sea por unos meses, una preocupación válida es repasar qué otras herramientas le quedan al país para contrarrestar los riesgos internos de una recesión mundial.
Pese a que la inflación de Costa Rica se mantendría dentro del rango meta fijado por la entidad monetaria, de entre 2% y 4% (3% como valor central), en los próximos meses el Banco espera presiones al alza sobre los precios debido a los efectos de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y más en concreto, de la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado (IVA).
En julio pasado, los precios al consumidor crecieron 0,73% respecto al mes previo. Este tributo fue el responsable, en su debut, de más de la mitad de ese aumento, y si bien se espera que tales efectos sean transitorios, podrían causar ruido y afectar las expectativas de las empresas y las familias.
Si el Banco Central le afloja mucho la rienda a la expansión monetaria, más adelante podría arrepentirse, y quizás sea muy tarde para devolverse cuando eso, porque este tipo de decisiones –las de tasas de interés– suelen actuar sobre la inflación en plazos largos, de uno a dos años.
Mientras la guerra comercial entre China y Estados Unidos empuja a la economía mundial hacia una contracción, a Costa Rica le quedan cada vez menos cartuchos: existe poco margen para reducir más las tasas o para aplicar estímulos fiscales; la inversión pública en infraestructura es limitada y pasa por un lento camino de trámites.
El Banco Central tiene otra carta, bajar más el encaje mínimo legal a la banca comercial para estimular el crédito. Ya lo redujo una vez en junio, de 15% a 12%, y liberó ¢380.000 millones; pero en el 2003, por ejemplo, era del 10%. La decisión de aumentar esta dosis debería pasar (además de su efecto en la inflación) por analizar si realmente estos recursos se están traduciendo en préstamos.
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