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Durante la visita que el presidente Rodrigo Chaves hizo a los centros penitenciarios del país, junto a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, descubrió que en estos lugares supuestamente había “un negocio de la prostitución” con las visitas conyugales.
Este fue uno de los razonamientos que utilizó el Ministerio de Justicia para eliminar “las alcahueterías” en los circuitos de Máxima Seguridad de Costa Rica: disminución de visitas conyugales y familiares, reducción de encomiendas, platos de alimentos, llamadas telefónicas, entre otros controles.
“Hay gente que envía muchachas que no son parejas (de los reos) y cambian constantemente de visitar a un reo, ¿y quién dice que tener acceso a un servicio de prostitución es un derecho humano?”, dijo Chaves, este miércoles, durante su conferencia de prensa, en respuesta al recurso de amparo presentado por la Asociación de Privados de Libertad en contra de esta medida.
Las nuevas reglas fueron anunciadas este miércoles, durante la conferencia semanal de gobierno desde Casa Presidencial. En la misma se aseguró que se habilitaron 1.000 espacios para Máxima Seguridad; sin embargo, no se brindaron detalles de si se trata de celdas ordinarias que ahora albergarán a reos de máxima contención, que habitualmente se alojan en un área específica de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, donde solo hay espacio para 80 personas.
Estas personas sólo recibirán encomiendas una vez al mes y no todos los días, como ocurría hasta hace unos días. De las encomiendas, sólo se permitirán artículos de primera necesidad (no se detallan), y se permitirán sólo dos tazas de comidas al día, en lugar de las siete que podían recibir antes. Las visitas familiares ahora serán una vez al mes, en lugar de todas las semanas. Y sobre las visitas conyugales se tendrá que demostrar un vínculo, y pasarán de quincenales a una cada dos meses.
También, se establece un control más riguroso de los artículos que estos van a poder recibir y poseer. Con respecto a las llamadas telefónicas, se limitaron a 10 minutos semanales en lugar del libre acceso a teléfonos públicos. Esto se suma a la eliminación de pulperías y dinero en efectivo en las cárceles.
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El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, aseveró que estas acciones serían para “garantizar la correcta administración de las cárceles y el proceso de perfilamiento, clasificación y ubicación de personas privadas de libertad”.
“Estamos separando a las personas privadas de libertad según criterios técnicos, criminológicos y de seguridad, lo que permite ubicar a quienes representan un alto riesgo en espacios específicos con mayores condiciones de contención y control, fortaleciendo la seguridad penitenciaria”, explicó el jerarca, sin aportar los documentos de los análisis correspondientes.
En su comunicado, el Ministerio de Justicia afirmó que estos privados tenían “alcahueterías como la visita intima, recibiendo encomiendas, las cuales eran aprovechadas para meter drogas, celulares y objetos no permitidos”.
El jefe de este este régimen, denominado Circuito de Alta contención, Luis Carlos Jiménez, dijo que estas reglas impiden que desde los centros penitenciarios se comentan delitos como estafas o se ordenen crímenes.
En paralelo, se mencionó que el Gobierno pretende construir de una nueva cárcel donde pueda trasladarse este circuito de alta contención con esos privados de alta peligrosidad. Esto, aseguran, permitiría bajar el hacinamiento y desocupar algunos módulos para hacerles las mejoras de infraestructura que requieran.
