EscucharEl Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) amplió por seis meses más la prisión preventiva contra siete personas sospechosas de conformar una banda dedicada al tráfico de cocaína en presentación líquida hacia Europa y Asia.
El Poder Judicial no especificó los nombres de los implicados y tampoco indicó si hubo ajustes en las medidas cautelares que cumplen otras personas involucradas, quienes tenían obligaciones como firmar de forma periódica en un despacho judicial, usar tobillera o impedimento de salida del país.
Los imputados por esta causa fueron detenidos como resultado de 22 allanamientos realizados el 14 de noviembre de 2023 en Curridabat, San José, Moravia, Montes de Oca, Santa Ana, Coronado, Escazú, La Unión, Turrialba, Grecia, Poás y Sarapiquí.
Las investigaciones relacionadas con la exportación de cocaína líquida comenzaron en junio de 2022. Casi año y medio después, se concretó la captura de 12 personas, entre ellas cinco colombianos naturalizados costarricenses. Uno de ellos, de apellidos Valoyes Mosquera y con un amplio expediente delictivo, quedó en libertad sin medidas cautelares. Lo mismo ocurrió con un arquitecto costarricense de 39 años, de apellidos Herrera León. Ambos siguen libres pues la Fiscalía no solicitó medidas contra ellos, pero siguen vinculados al proceso judicial.
El cabecilla del grupo es un colombiano de apellidos Lozano Bonilla, de 52 años. Entre sus compatriotas detenidos se encuentran Montoya Gutiérrez, Lemos Rebelión, Caicedo Valoi y Valoyes Mosquera quien había salido de prisión en el 2019 gracias a un beneficio carcelario. En la siguiente tabla aparecen las personas relacionadas con el caso y las medidas que les dictaron en el 2023 y que ahora se amplían por seis meses más.
Esa vez también fueron arrestados siete costarricenses, incluyendo dos mujeres, una de ellas, de apellidos Murillo Picado, de 43 años, quien era pareja del líder y otra apellidada Brenes Murillo, de 20 años.
Cargamento en Asia
Como parte de las investigaciones, en junio de 2023 se interceptó en la frontera entre Israel y Jordania un cargamento de 150 litros de cocaína líquida que había salido desde el muelle de APM en Moín. La droga estaba camuflada en botellas de bebidas como zarzaparrilla y cola, exportadas desde Costa Rica. En estas condiciones, la cocaína es muy difícil de detectar mediante rayos X o escáneres.
Al parecer, la cocaína era diluida utilizando métodos artesanales hasta obtener el estado líquido. Luego, se introducía en los recipientes y, mediante colorantes, se disfrazaba como bebidas destinadas al consumo humano.
LEA MÁS: ¿Qué es la cocaína líquida que banda narco exportaba en refrescos?
Los operativos permitieron el decomiso de evidencia que incluye 26 vehículos valorados en ¢79 millones cada uno, dinero en efectivo, joyas, relojes, armas de fuego, importantes cantidades de cocaína líquida e implementos para su fabricación.
La investigación también abarca el tráfico internacional de estupefacientes y el destino de las ganancias provenientes de la actividad ilícita, ya que la banda poseía 39 propiedades valoradas en ¢6.000 millones.
Este caso tuvo repercusiones políticas, ya que Braulio Venegas, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, se vio obligado a renunciar. Esto ocurrió debido a su promoción de un enlace entre Racsa y un abogado de apellidos Montes Fonseca, detenido en el caso Corona. Montes Fonseca buscaba conectar a la red con un negocio de escáneres antidrogas que el gobierno impulsaba en Caldera.
Asimismo, las intervenciones telefónicas revelaron la presunta intención de la banda de financiar a candidatos en las elecciones municipales de 2024.
