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Michael Soto, subdirector del OIJ, formó parte del grupo investigador que, en 2012, capturó a Marco Zamora Solórzano, alias El Indio, cabecilla del narco que operaba en los barrios del sur de la capital. En una entrevista nos relata cómo operaba esa banda que marcó un punto de inflexión en la criminalidad del país.
Soto recuerda que Zamora delinquía en Desamparados, Alajuelita, Aserrí y otros barrios del sur de San José., pero comenzó a expandir su red al contactar a vendedores independientes de otras barriadas, a quienes convenció para que trabajaran para él. Aquellos que se negaron fueron amenazados y, en algunos casos, asesinados.
La investigación duró dos años y fue compleja, pues El Indio contaba con policías que lo ayudaban. De hecho, dos de ellos fueron detenidos cuando cayó cerca de un motel de San Francisco de Dos Ríos con una bolsa llena de dinero.
Según Soto, durante los allanamientos, el OIJ comprobó que Zamora contrató a un contador para manejar las finanzas y tenía cobradores entrenados para no mezclar el dinero de las ventas con otros ingresos. También poseía varias casas de seguridad, armamento, un restaurante, carros y motocicletas.
Además, mantenía contactos con estructuras criminales de Limón que le proveían marihuana. Como era originario de Nicaragua, comenzó a extender su operación hacia ese país y luego a otras naciones del Istmo.
Tras su captura, se empezó a hablar de minicárteles, ya que su organización contaba con unas 15 personas dedicadas al control y muchas otras encargadas de la venta de droga en búnkeres y calles. Todos recibían un salario mensual, podían solicitar adelantos y obtenían incentivos por ventas, un modelo poco común en esa época, aunque hoy es habitual.
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Siguen liderando desde cárceles
Soto admitió que, en la actualidad, bandas como la de los hermanos Lara Villanea, sentenciados en junio de 2024, siguen operando desde la cárcel, al igual que las de los Myrie, Tío Edgar y el grupo de Dennis Iván Cabrera Espinoza, alias Manzanita, condenado a 40 años de prisión el pasado 21 de noviembre.
La banda de Manzanita ahora es liderada por Shaggy, un hombre de apellidos Quesada Meléndez que domina las ventas en León XIII. Actualmente, mantiene un conflicto con la banda de Tío y Sobrino, que opera al este de San José, cerca de Curridabat. Sobrino fue capturado el 20 de enero en Granadilla.
Por su parte, el grupo de Luis Ángel Martínez, alias Pollo se fragmentó en varios grupos liderados por Lilo, Quitín y Churro, entre otros, quienes comenzaron a operar de manera independiente tras la captura de su cabecilla, condenado el viernes 21 de febrero a 20 años de prisión.
Las disputas internas por el control territorial fortalecen a los subalternos, muchos de los cuales terminan siendo asesinados en ajustes de cuentas. Eso no solo ocurre en San José, sino también en el Pacífico, Guanacaste, Limón y otras regiones del país.
Violencia en cuerpos como mensaje a rivales
De la época del Indio a la actualidad, el nivel de ensañamiento en los ajustes de cuentas se ha exacerbado. Las organizaciones han adoptado métodos empleados en México, Colombia y Ecuador, donde la brutalidad de los homicidios sirve como advertencia para los grupos rivales, argumentó Soto.
Los asesinatos se cometen a plena luz del día y en lugares concurridos para demostrar poder y desafiar a sus enemigos.
Ejemplo de esto son los crímenes cometidos por la banda de Peña Russell en Limón, cuyos sicarios destrozaban el rostro de sus víctimas con múltiples disparos. Otras agrupaciones queman los cuerpos, como sucede en La Cruz, Guanacaste. En el sur de San José, los ataques se caracterizan por ejecutarse en plena vía pública. Cada banda tiene su propio método para enviar mensajes a sus oponentes.
Los sicarios suelen ser jóvenes reclutados en zonas marginales. Su esperanza de vida rara vez supera los 30 años. Cuando uno muere, hay otros esperando para tomar su lugar.
Impericias y disparar bajo efecto de drogas generan víctimas colaterales
Soto lamentó que los sicarios operen con total confianza en lugares públicos y a plena luz del día ante la falta de recursos para una mayor contención. La mayoría son inexpertos y disparan sin precisión, lo que aumenta el número de víctimas colaterales.
En algunos casos, atacan desde una motocicleta y, al disparar contra un conductor, terminan hiriendo a personas cercanas. Un ejemplo ocurrió el 27 de enero en San Sebastián, cuando asesinaron a Luis Andrés León, de 21 años, e hirieron de gravedad a su madre, quien recibió un disparo en el tórax.
En otras ocasiones, personas que se encuentran a la distancia resultan heridas. También han ocurrido incidentes en los que los mismos sicarios cruzan líneas de fuego y terminan matándose entre ellos.
Algunas ejecuciones buscan eliminar testigos, pero otras ocurren por errores. En varios casos, niños han sido víctimas fatales.
El OIJ ha detenido sicarios en plena acción y ha constatado que muchos actúan con un alto nivel de drogadicción, al punto de operar como sonámbulos. “Su estado de conciencia es tan limitado que no perciben la presencia de inocentes en la escena y disparan sin control”, dijo Soto.
Un monstruo de mil cabezas
La solución de fondo para erradicar las bandas y su resurgimiento requiere estrategias de desarrollo humano a mediano y largo plazo, incluyendo la generación de empleo, acceso a educación, promoción del deporte y el fortalecimiento de la cultura y la infraestructura urbana. “Mientras más deteriorado se vea un lugar, más propenso será al delito”, advirtió el subdirector del OIJ.
Lamentó que las periferias de las ciudades estén rodeadas de cinturones de pobreza en todas las provincias del país. Estas condiciones favorecen la criminalidad, por lo que es fundamental invertir en desarrollo para mejorar los indicadores de seguridad.
Enfatizó que la labor de la Policía y del sistema judicial es contener la criminalidad, es decir, prevenir los delitos y, en caso de que ocurran, investigarlos.
En su opinión, la solución a la inseguridad actual debe combinar contención policial fuerte con programas de desarrollo social. “Una medida sin la otra no funciona”, afirmó.
Soto recordó que países como Noruega, Suecia y Finlandia tienen bajos índices de criminalidad porque cuentan con un alto nivel de desarrollo humano y social, mientras que en Latinoamérica la precariedad en estos ámbitos sigue siendo una realidad.
