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Los abogados defensores del juicio contra Los Gery, por presunto narcotráfico, mantienen firmes sus intenciones de que 25 de los imputados se sometan a un proceso abreviado, es decir, que acepten los cargos para evitar penas mayores en el juicio.
Estas intenciones sufrieron un revés el pasado viernes, cuando el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada negó la solicitud del presunto cabecilla, Gery Campos Barrantes, su hermano Gary, y otros 23 acusados, de efectuar un abreviado. Los jueces Ligia Lacayo, Silvia Calvo y Cristian Espinoza argumentaron que ya había vencido el periodo que establece la ley para efectuar la petición.
Sin embargo, los defensores recusaron a los tres jueces, con la intención de separarlos del proceso por supuestamente reírse en el juicio cuando discutían la solicitud de los imputados, así como por haber escuchado y abierto archivos del DVD de la audiencia preliminar.
La tarde de martes, otros jueces analizaron la recusación, y acordaron enviar el resultado por escrito. Si los jueces originales son separados, un nuevo Tribunal podría revivir la posibilidad de un proceso abreviado, el cual también es respaldado por el Ministerio Público.
Por los mismos actos señalados en la recusación, los jueces fueron denunciados por los acusados ante la Inspección Judicial, órgano encargado de tramitar quejas contra funcionarios judiciales. Según una fuente cercana al juicio, la denuncia será ampliada porque el Tribunal presuntamente ignoró las gestiones presentadas por dos abogados. La misma fuente señaló que las resoluciones de la recusación y la denuncia ante Inspección Judicial podrían ser contradictorias, lo que generaría un vicio dentro del proceso penal, tramitado en el expediente 18-000817-0071-PE.
Este debate, iniciado el 3 de marzo en San José, comprende 31 sospechosos de formar una organización que se dedicaba a almacenar, traficar y comercializar drogas de uso no autorizado a nivel nacional, con sus puntos principales en La Unión, Montes de Oca y Quepos.
Al parecer, Los Gery mantenían una red de distribución de drogas y utilizaban la violencia como mecanismo de control territorial. Además, se les atribuye su participación en asesinatos por ajuste de cuentas y otros actos de intimidación para sostener su estructura criminal.
El presunto cabecilla, Gery Campos, descuenta desde el 2022 una sentencia de 28 años de prisión por homicidio calificado y tráfico de drogas.
