OIJ impidió ocho atentados contra funcionarios judiciales en el último año

“Hay una realidad que nos avasalla y es que cuando se dan estas situaciones de crimen organizado y que atentan contra funcionarios, entramos en una nueva etapa en la historia de Costa Rica y se llama narcoterrorismo. Eso ya lo han vivido otros países en el mundo, Italia, por ejemplo, cuando mueren varios magistrados, mueren varios jueces, se tuvo que hacer todo un cambio importante, hubo una unidad nacional; igualmente sucedió en Colombia, Guatemala. Aquí hay una situación que nos está afectando ahorita, que esos grupos criminales van a querer amedrentar a diferentes funcionarios judiciales”, declaró.

Sin embargo, el jerarca aseguró que estas acciones no serán suficientes para frenarlos y que sus agentes seguirán comprometidos con el derecho de los ciudadanos a vivir en un país seguro, pese a que las cifras de homicidios son pesimistas. Agregó, además, que en el último año la Policía Judicial logró impedir ocho atentados contra funcionarios judiciales, gracias a información confidencial, investigaciones en curso e intervenciones policiales.

“En el caso de Geiner (el atentado) se materializó. Hay una realidad que nos está afectando, que los grupos criminales quieren golpear por intimidación o por corrupción a los diferentes gestores de justicia”, reiteró Zúñiga.

Reconoció que, tras el ataque contra Zamora, perpetrado el viernes pasado en un bar de Guápiles, en Pococí, dos agentes renunciaron (afincados en localidades que no recordó) y tuvo que conversar con los compañeros de Geiner en ese cantón caribeño, para impedir que varios más se fueran.

Luego del deceso, ocurrido este martes, el Ministerio de Hacienda por fin desbloqueó los ¢9.000 millones adicionales que la Asamblea Legislativa le había aprobado al OIJ y la Fiscalía para el combate a la criminalidad. El dinero se entregará en tres tractos y el primero llegará en marzo.

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Con esos fondos, dijo Zúñiga, se podrán adquirir cascos balísticos, escudos balísticos, drones para proteger a los agentes, en especial en zonas de conflicto como San José, Limón, Guápiles, Puntarenas y algunas localidades de Alajuela.

Reconoció que se trata de un aporte escaso, frente a una realidad abrumadora pues el país suma 91 homicidios, cinco más con respecto a los 86 que se contabilizaban en la misma fecha del 2023, el año más violento en Costa Rica en este tipo de criminalidad. Se trata, además, de 13 asesinatos más, en comparación con el 5 de febrero del 2024. Los números no auguran una merma, sino, incluso, un incremento.

Agregó que este panorama de violencia no se revertirá si no hay inversión social que saque a los jóvenes de la pobreza y el desempleo, pues son ellos el caldo de cultivo de los grupos delincuenciales.

Para él, esta es una realidad complicada. Empero, aseguró que el OIJ “está haciendo todo el mejor esfuerzo. Esta inyección de recurso que nos van a dar pues nos va a permitir mejorar las investigaciones, no está completo, pero algo va a ayudar”, dijo mientras recordaba que en 24 meses la cifra de detenidos ha sido “impresionante” y que, todavía permanecen en prisión preventiva 150 personas en Limón, una cifra cercana en Puntarenas y quizá un número que ronde los 300 en San José.

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Geiner, el agente con un futuro promisorio

Geiner Zamora Hidalgo, de 38 años, y con una carrera de 15 años en el Poder Judicial, tenía un futuro promisorio en el OIJ. En el 2018, luego de haber recibido amenazas de muerte, fue reubicado en Siquirres y Turrialba, donde pudo ejercer cargos de jefatura y el año pasado regresó a su natal Pococí, donde lo recuerdan como un referente de trabajo y honestidad.

Su muerte Geiner se tradujo, una vez más, en un llamado generalizado de policías, políticos y ciudadanos para frenar la delincuencia. Esas fueron las voces que más retumbaron en la iglesia Ciudad para las Naciones, en Toro Amarillo y en la sede del Poder Judicial en Guápiles.

“Me pregunto: ¿Cuántos costarricenses más deben morir? ¿Cuántos?, para que dejemos de escuchar discursos histriónicos, plagados de burdas mentiras, de ignorancia y de ofensas. Para que entiendan que la seguridad pública y el sistema judicial representan una inversión y no un gasto para la democracia. Para que dejen de evadir responsabilidades y den un paso al frente, con la seriedad, determinación y valentía que requiere este país. ¡Basta de politiquería, mientras la delincuencia desangra a Costa Rica!, expresó el fiscal adjunto Mauricio Boraschi.

La magistrada Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, también expresó su preocupación por el flagelo de la inseguridad. No obstante, aseguro que, desde la Sala de Casación Penal “se está haciendo un trabajo sobre reformas puntuales que le permitan al proceso penal ser más rápido, ser más efectivo en cuanto a sus resultados, porque no vamos a negar que hay procesos que se demoran bastante y por supuesto que esto puede que nos hable de una justicia cumplida, porque finalmente llega, pero no pronta y tenemos un deber constitucional en ese sentido”.

Desde San José, el presidente del Congreso, el liberacionista Rodrigo Arias, envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de un “servidor público comprometido con la justicia y la seguridad de los costarricenses”.

“El Sr. Zamora dedicó su vida a luchar contra el crimen organizado, una labor que requiere valentía, integridad y un profundo sentido del deber. Su pérdida es un duro recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes trabajan incansablemente para proteger a nuestra sociedad de las amenazas que buscan socavar nuestra paz y estabilidad.

“A su familia, les extendemos nuestro más profundo respeto y solidaridad. Que encuentren fortaleza en estos momentos difíciles y que sepan que el sacrificio del Sr. Zamora no será en vano. Su legado perdurará en nuestra lucha por un país más seguro para toda la ciudadanía”.