EscucharHarold Andrés Godínez Navarro, de 31 años, quien fue asesinado a balazos la noche del pasado lunes en Lomas de Cocorí, en San Isidro de Pérez Zeledón, cumplía una sentencia por delitos relacionados con drogas y portaba una tobillera de monitoreo electrónico al momento del crimen.
Según la sentencia 102-2023 del expediente 18-000004-1219-PE, Godínez y otros cinco hombres, que conformaban la organización criminal Los Gordos, fueron condenados a seis años de prisión por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de venta, distribución y almacenamiento de drogas, el 6 de marzo del 2023.
De acuerdo con el fallo judicial, los delitos se cometieron entre febrero del 2018 y febrero del 2019, cuando los sujetos formaron la banda criminal y establecieron jerarquías y funciones. Dos de los integrantes, identificados en la sentencia como Chepe y Beto, eran los cabecillas, quienes reclutaban a más personas y supervisaban las operaciones. Otros miembros administraban el dinero, manejaban búnkeres para el almacenamiento y la comercialización de drogas, y actuaban como vendedores directos.
Los involucrados fueron detenidos en diversos allanamientos, durante los cuales se realizaron decomisos de las sustancias que comercializaban.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, al momento del homicidio, Godínez cumplía con todas las obligaciones vinculadas al uso de su dispositivo de monitoreo; es decir, no infringía con el perímetro permitido.
No obstante, esto no impidió que a las 7:50 p. m. del lunes, dos motorizados pasaran frente a la pulpería de sus padres y le dispararan en numerosas ocasiones, causándole la muerte. En el ataque también resultó herida su hermana, de 23 años, quien se encontraba con él en ese momento.
Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron en la motocicleta, la cual abandonaron a 20 metros de la escena antes de escapar por un cañal cercano. Godínez era soltero y padre de cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 13 y 2 años.
Crímenes asociados a drogas
El martes, la fiscala coordinadora de La Unión de Cartago explicó en el programa Frecuencia MP que la mayoría de los homicidios relacionados con drogas ocurren cuando alguien que formaba parte de una organización criminal intenta crear su propia red de venta de drogas y apropiarse del negocio.
“Aquí es donde vemos estos homicidios que, por lo general, se llevan a cabo bajo la modalidad de sicariato”, indicó. Esto implica que los autores intelectuales contratan a otras personas, vinculadas o no al grupo criminal, para ejecutar los asesinatos.
En una entrevista previa, el criminólogo y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, explicó el funcionamiento de las redes de sicariato comparándolas con una estructura piramidal. Los autores intelectuales son quienes planifican los homicidios, aunque no necesariamente los ejecutan. Estos suelen ser líderes de bandas rivales interesados en eliminar a un objetivo específico, pero prefieren no involucrarse directamente en el acto violento. Para ello, establecen contacto con contratistas.
Los contratistas actúan como intermediarios, encargándose de buscar y coordinar con los sicarios para llevar a cabo el asesinato. Además, remuneran a los sicarios por su trabajo y reciben una comisión por mantener el anonimato del autor intelectual y los ejecutores materiales.
“Lo hacen para evadir la responsabilidad legal y evitar ser vinculados con las investigaciones. Si no hay autores intelectuales, no hay sicariato; por lo tanto, el verdadero problema radica en estos individuos”, mencionó el experto.
