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La angustia consumió a Miguel Ángel Arguedas y su familia cuando se dieron cuenta de que la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede) no le devolvería los ahorros que acumuló durante cuatro décadas como médico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El adulto mayor, de 77 años, afirmó haber ingresado tres depósitos de ahorro a plazo que la entidad se negó a devolver. Su hija, Michell Arguedas Gourzong, quien también es su apoderada generalísima, contó a La Nación que en el 2020, en Caprede les afirmaron que la institución había sufrido problemas financieros y no tenía dinero.
Desde el 2021 trascendió que la entidad realizó malos negocios de factoreo que arriesgaron los ahorros de sus 3.000 afiliados, entre ellos don Miguel, jubilado desde el 2003.
Al no recibir respuestas, en agosto del 2023, Arguedas demandó a Caprede por ¢224 millones: ¢214 millones por el dinero que no le devolvieron, de los cuales ¢57 millones eran intereses, más ¢10 millones por daño moral.
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“Ahorró toda su vida, todo lo tuvo ahí, él siempre nos decía sus planes de cuando él fuera a retirarse. Ahora es la decepción que él siente al ver que cuando él trabajaba en el Poder Judicial sí lo atendían, le sonreían y demás, pero después de eso le cerraron las puertas. Nadie le ha querido dar ninguna atención, le he expuesto a ellos la situación médica de mi papá, el tema de la edad y cómo todo esto le ha afectado y para ellos es como que no fuera nadie”, contó Michell.
Ella agregó que desde Caprede les dijeron a su padre, y a los otros afectados, que iban a pagar los certificados por orden numérico y que les avisarían cuando fuera su turno.
“Pero realmente nunca se dio. Dijeron que iban a estar comunicando por el correo y ha sido mentira. O sea, nunca ha habido un comunicado, nunca nos han dicho por dónde van. Por más que preguntamos no hay respuestas”.
Inclusive, aseguró Michell, su padre les dijo en una ocasión, con tal de recibir su dinero, que ya no le interesaban los ¢57 millones de intereses, a pesar de que ellos afirmaban que iban a pagar todos los intereses.
Esos ahorros le hubieran ayudado a don Miguel a acondicionar mejor su casa debido a su delicado estado de salud. Por ejemplo, una cama más apta para sus necesidades, explicó Michell.
“La salud de mi papá ha estado peor cada día. Él tiene complicaciones, además de la diabetes, tiene ceguera, casi no se mueve, para serte muy honesta, él se mueve cuando se levanta de la cama, llega a la mesa, come y se vuelve a acostar, o para ir al baño. Ha estado con una depresión profunda”, afirmó.
Tras ser consultados por La Nación, en Caprede indicaron que no podían referirse a la situación específica de Miguel Ángel Arguedas “por motivo de judicialización del caso y por recomendación de nuestros abogados”.
Agregaron que el 29 de enero iniciará un juicio en el Tribunal Penal de San José por la presunta estafa sufrida por Caprede Factoreo. El Ministerio Público confirmó que en este caso hay ocho imputados, tramitado dentro del expediente 17-000357-1220-PE.
Caprede Factoreo aparece también como ofendido en el expediente 16-000756-1220-PE, el cual no ha tenido mayor avance, según la entidad.
“Caprede ha mantenido informados a sus accionistas en todo momento de los acontecimientos más importantes del proceso judicial, el cual se ha visto afectado también por la mora judicial y la falta de recursos con los que cuenta el Poder Judicial para atender la materia penal”, detalló la entidad.
¿Cuáles fueron los malos negocios?
El asunto inició desde el 2010, cuando Caprede entró en el negocio del factoreo: compra y descuento de facturas para aumentar sus utilidades, por lo que se creó la subsidiaria Caprede Factoreo, y la institución le trasladó ¢4.500 millones de los ahorros y utilidades de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.
También le inyectó más de ¢4.300 millones de créditos solicitados al Banco Nacional y otras entidades financieras.
En el 2021, La Nación dio a conocer que esa decisión los dejó al borde de la quiebra, sin poder devolverle ahorros e inversiones millonarias a sus socios y con varias denuncias judiciales a cuestas.
Una auditoría forense realizada en el 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.
Según los estados financieros auditados, a julio del 2020, Caprede estaba en riesgo de perder ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas.
Por estos hechos, Alexander Arguedas Vindas, exgerente general de Caprede, fue denunciado por el presunto delito de intermediación financiera; caso que sigue en investigación bajo el número de expediente 20-000069-621-PE, según detalló el Ministerio Público ante consulta de este medio.
Adrián Arroyo Acosta, expresidente de la Junta Directiva de la entidad, enfrentó pesquisas por aparente apropiación y retención indebida en la causa 21-000007-619-PE, pero la Fiscalía solicitó su desestimación ante el Juzgado Penal de San José.
Arguedas y Arroyo dijeron desde el 2021 que desconocen de esos procesos judiciales y rechazaron ser los responsables del descalabro financiero de la Caja de Préstamos.
“Lo ponen a uno como si uno fuera el responsable y uno no es el responsable, para el año 2020 yo era el presidente de la Junta Directiva, pero el factoreo no es una situación que se diera en el 2020″, argumentó Arroyo en aquel momento, cuando era vocal en la Junta Directiva.
