El presidente Rodrigo Chaves defendió este miércoles una supuesta prueba utilizada por la defensa de los imputados en el Caso Barrenador, pero que la Fiscalía General de la República calificó como falsa.
El documento, divulgado inicialmente por Multimedios, fue utilizado para argumentar que no hubo sobreprecio de ¢12.400 millones en la adjudicación de 138 Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cuatro cooperativas y una asociación médica.
Según la defensa de los imputados, el supuesto estudio fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y confirmaría que, en lugar de sobreprecio, hubo un ahorro. No obstante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) concluyó que los funcionarios de la Caja no emitieron ningún estudio de razonabilidad de precios previo al que realmente consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), el cual sí concluye que hubo excesos.
El Ministerio Público señaló que el documento carece de firma digital y, en vez de ello, tiene insertada una imagen que no corresponde a una firma de este tipo.
Por su parte, Rodrigo Chaves afirmó este miércoles, en Casa Presidencial, que el Caso Barrenador es un montaje e insistió en que el supuesto borrador es real. El mandatario dijo que no le sorprendió que el documento fuera declarado por la Fiscalía como falso.
“Esto es el montaje descarado que denunció canal 8 para perjudicar a doña Marta Esquivel (expresidenta de la CCSS y actual ministra de Planificación) y tratar de golpear al gobierno, entre Carlo Díaz, Marta Acosta, el auditor de la CCSS y los mandos medios y técnicos de la Contabilidad de Costos”, dijo el mandatario durante la conferencia de este miércoles.
El presidente insiste en la autenticidad del documento pese a que Azyhadee Picado, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, desmintió el martes que el supuesto estudio sea real. Bajo juramento en la Asamblea Legislativa, Picado declaró que el escrito no existe como estudio ni como informe.
“El único estudio formal e integral que nosotros desarrollamos es el que está subido en Sicop, en la fecha de abril”, respondió la funcionaria bajo juramento ante una consulta del diputado oficialista Daniel Vargas.
Chaves continuó: “El Poder Judicial ya sabemos qué es lo que quiere, y le preguntan a los mismos que participaron en el engaño, en el montaje, en el teatro, si el documento lo tenían que aceptar como prueba o no. Porque si aceptaban ese documento, se cae el caso. ¿Qué esperaba el juez que le iban a decir los implicados? ¿Que sí? Obviamente que no”.
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El abogado Alejandro Marín, defensor de una de las imputadas en el Caso Barrenador, aseguró que el borrador fue enviado a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS desde el 19 de marzo del 2024, cerca de dos meses antes de que se adjudicara la licitación a las cooperativas, según dijo al medio digital CRHoy.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción indicó que, el 19 de marzo, no se emitió dicho documento y que ninguno de los funcionarios que aparecen emitieron firma alguna de ese oficio, con base en consultas al Sistema de Archivo y Correspondencia de la CCSS.
El presidente Chaves alegó que el pronunciamiento de la FAPTA es una “demostración más de la mala fe del Poder Judicial”.
“Yo esperaba un poco de decencia, pero no me sorprende. La Fiscalía le está pidiendo al juez que lo declare falso. Ese documento existe. Yo felicito a canal 8 y le ruego a los costarricenses que vean ese reportaje para que vean la corrupción de este país”, puntualizó el mandatario.
Por el Caso Barrenador son investigadas ocho personas: Marta Esquivel Rodríguez, María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno; y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.