El gobierno excluyó de la agenda de proyectos que convocará en enero a las sesiones extraordinarias del Congreso una iniciativa que pretende frenar la renuncia masiva de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicho plan permitiría que 2.096 médicos puedan trasladarse al sistema del salario global, el cual representa un monto mayor en comparación con el sueldo que reciben en la actualidad.
Estos profesionales comenzaron a renunciar en noviembre con la intención de ser recontratados un mes después pero bajo el nuevo esquema salarial. Lo anterior amenaza con afectar los servicios de salud de la CCSS.
Una iniciativa que se encuentra en la corriente legislativa propone incluir un artículo transitorio a la Ley Marco de Empleo Público, para que los especialistas tengan un año de plazo para trasladarse del salario compuesto (base más pluses) al global.
No obstante, el expediente 24.239 no figura en una lista compartida a La Nación por Pilar Cisneros, jefa de bancada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sobre los proyectos que el Ejecutivo impulsará al inicio del 2025.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias, el cual se reanudará el lunes 6 de enero, el gobierno tiene la potestad de definir los proyectos que son discutidos por los diputados.
El 24 de octubre, durante una reunión de jefes de fracción, el Partido Liberación Nacional (PLN) planteó una moción para dispensar de trámite dicho expediente en el plenario.
No obstante, la votación se pospuso luego de que representantes del Partido Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el PPSD manifestaran dudas sobre su impacto.
Según explicó Cisneros en ese momento, se solicitó aplazar la discusión para recabar información de la CCSS y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), este último como ente rector en materia de empleo público.
El 5 de diciembre, 30 diputados aprobaron una moción para pedir la convocatoria del proyecto. La petición no fue acogida en ese momento por la administración Chaves y tampoco figura en sus prioridades para enero.
Su interés está centrado en iniciativas como el fortalecimiento, acceso universal e incremento de la seguridad energética (expediente 23.414) y la autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para realizar proyectos rurales mediante terceros (24.462).
En la lista también figura una reforma al Código Penal que establece penas de dos a cuatro años para quienes dañen dispositivos electrónicos usados contra el narcotráfico y el crimen organizado (24.379).
Además, continuará promoviendo la discusión en comisiones legislativas de proyectos como la tercera versión de la ley jaguar, una propuesta para que el Ejecutivo evalúe periódicamente exoneraciones fiscales en boletos aéreos, alquiler de vehículos, equipo médico y madera en troza (23.763), y el establecimiento de jornadas laborales 4x3 en casos excepcionales (24.290), entre otros.
Proyectos prioritarios de otras fracciones
El proyecto sobre los médicos especialistas figura, precisamente, entre las iniciativas que la fracción del PLN espera que sean convocadas por el gobierno para enero. Así lo confirmó su jefe de bancada, Óscar Izquierdo.
La bancada verdiblanca también aboga por un proyecto (expediente 23.500) que establecería un marco legal que garantice las condiciones necesarias para la labor humanitaria de la Cruz Roja.
Dicha iniciativa fue convocada inicialmente por el Ejecutivo, desconvocada semanas después y nuevamente incluida en la agenda el pasado 12 de diciembre, una solicitud aprobada por los diputados en una votación de mayoría.
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Además, Izquierdo señaló que entre las prioridades del PLN figuran una iniciativa para sancionar el reclutamiento ilícito de menores de edad (24.028), la ley para promover alianzas público-privadas que permitan inversiones en infraestructura (21.420) y la ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico (23.511).
A través de su vocería de prensa, el Partido Unidad Social Cristiana comunicó que los proyectos que impulsará tienen que ver con la modificación de la Ley Orgánica de Japdeva para potenciar el desarrollo de alianzas estratégicas (24.259).
También promueve el plan para mejorar la efectividad del proceso de nombramientos en el Ministerio de Educación Pública (23.592), y la declaratoria de interés público e inclusión de un plan de salud mental en el sistema educativo (2.4528), entre otros.
Por su parte, el congresista Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, comentó que la agrupación impulsaría la ley marco de asociaciones público-privadas (24.009),
Además, promueven la ley para facilitar la identificación de personas que participen en hechos delictivos por medio del ADN (24.341), ley para desafectar los terrenos administrados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en las franjas fronterizas (24.670), y la ley para eliminar la actualización trimestral del impuesto único a los combustibles (23.130)
La bancada del Frente Amplio, según detalló el diputado Antonio Ortega, solicitará la convocatoria del expediente 24.699, que propone destinar por una única vez ¢30.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) para ayudar a los afectados por las lluvias.
Además, buscará impulsar la iniciativa para reducir el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) al sector turismo (23.836), así como la desjudicialización del levantamiento del secreto bancario en investigaciones sobre crimen organizado (24.658).
También piden convocar un proyecto para penalizar con más dureza al funcionario público cuyas decisiones beneficien a estructuras criminales (23.371) y eliminar abusos por cobros por mora en el sistema financiero nacional (23.237).
Finalmente, José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), aseguró que impulsarán iniciativas como el fortalecimiento de la transparencia y la mejora en el manejo de recursos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Solicitan convocar un proyecto para prohibir el ingreso de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, avanzar con el plan para la creación del cantón de Cóbano y aprobar la iniciativa relacionada con la Cruz Roja.