EscucharLa Corte Plena rechazó este lunes la solicitud de prórroga del permiso para que Gerald Campos continúe como ministro de Justicia. La votación finalizó con 12 votos a favor y 10 en contra, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial exige un mínimo de 17 votos para aprobar la extensión.
El ministro, quien ha ocupado el cargo desde el inicio de la administración de Rodrigo Chaves, buscaba una tercera prórroga para finalizar su último año como jerarca de Justicia. Sin embargo, la falta del respaldo suficiente entre los magistrados podría complicar su continuidad. Campos ejercía antes como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El criterio de los altos jueces estuvo dividido durante la sesión de la Corte Plena. Votaron en contra de extender el permiso: Iris Rojas Morales, Jorge Leiva Poveda, Carlos Zamora Campos, Porfirio Sánchez, Patricia Solano, Patricia Vargas, Sandra Zúñiga, Paul Rueda, Ingrid Hess, y Anamari Garro.
Los doce votos para conceder la prórroga fueron: María Rosa Castro, Orlando Aguirre, Julia Varela, Eddy Rodríguez, Jorge Olasso, Gerardo Alfaro, Geovani Mena (suplente), Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Fernando Cruz y Jorge Araya.
Los magistrados Porfirio Sánchez, de la Sala Segunda; Iris Rojas Morales, de la Sala Primera; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; y Paul Rueda, de la Sala Constitucional, se pronunciaron en contra de la extensión del permiso.
“Mantengo posición que he adoptado durante todos estos años. Suscribí como integrante de la comisión Iberoamericana de ética judicial el dictamen (en el 2021) relativo a la inadecuada relación entre la justicia y la política; de tal forma sería contradictorio otorgar permisos para que funcionarios judiciales se fueran al Ejecutivo”, manifestó Sánchez.
En el caso de Rojas, aseguró que, al igual que en el 2024, nuevamente votaría en contra de la prórroga de Campos, pues este no solo había cumplido su palabra de renunciar a su inmunidad ante el Juzgado Penal de Hacienda por las causas abiertas en las que se le investiga, sino porque el ministro no representa los intereses del Poder Judicial.
“Yo normalmente he votado a favor de estos permisos; sin embargo, no solamente la última ocasión no lo aprobé porque don Gerald, que había dicho que cuando el asunto de él fuese elevado a juicio iba a ponerse a la orden de los tribunales de justicia, lo que no hizo, entonces en consecuencia me parece que no es conveniente.
“Además, hay un elemento adicional, es que yo no encuentro ningún interés institucional que hubiera sido fundamentado, la experiencia me dice que no lo hay, no encuentro yo en qué se aprovechó para el país ese tipo de permisos, porque reitero, no hay interés ni público, ni interés institucional que estime que se haya materializado”, afirmó la magistrada.
Por su parte, Solano aseguró que este tipo de permisos son parte de un sistema giratorio que debería ser legislado.
Rechazo a “puertas giratorias”
“Rechazo también el permiso en cuanto a las puertas giratorias, yo estimo que hay una inconveniencia en cuanto personeros, y sobre todo en este caso tratándose de personas que están en alta gerencia, que vayan al ejecutivo, porque después se regresa al Poder Judicial”, aseguró la integrante de la Sala Tercera.
El magistrado Paul Rueda agregó que ha votado en contra de permitir a funcionarios judiciales trasladarse al Poder Ejecutivo desde el 2018, cuando se aprobó un permiso para que el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, ejerciera como ministro de Seguridad en el gobierno de Carlos Alvarado.
Tras la votación de los magistrados, ahora el ministro puede presentar un recurso de reconsideración, como lo hizo hace dos años, luego de que los altos jueces se negaran, inicialmente, a extender su permiso para integrar el gabinete de Chaves.
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Según explicó la oficina de prensa del Poder Judicial, el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que se requiere un acuerdo adoptado por la tres cuartas partes del total de magistrados para otorgar el permiso; es decir, 17 votos.
El ministro fue parte de los jerarcas del gobierno que se manifestaron contra el Poder Judicial el pasado 18 de marzo, en la marcha contra el Fiscal General, Carlo Díaz.
