El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reaccionó este miércoles a la acusación en su contra que presentó, dos días atrás, la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía le achaca al presidente Chaves el presunto delito de concusión, por supuestas actuaciones suyas en relación con el caso de los audios de la Presidencia. El delito de concusión implica obligar o inducir a alguien para que dé un beneficio indebido a sí mismo o a un tercero, y se castiga con penas de hasta ocho años de prisión.
Durante una gira en el cantón de Atenas, en Alajuela, Chaves descartó su participación en actos irregulares y aseguró que “no se robó un peso”.
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El caso de los audios de Presidencia se refiere a una contratación –en aparentes condiciones irregulares– por $405.800, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en favor de una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli. El pliego de condiciones se habría hecho “a la medida”.
También, según alega la Fiscalía, se habrían desviado $32.000 de ese contrato en favor de un asesor y amigo del presidente Chaves.
En un video proyectado durante ese evento en Atenas, la Presidencia cuestionó la credibilidad de la prueba aportada por el fiscal general Carlo Díaz. Para ello, proyectó imágenes de una reciente entrevista del abogado del presidente, José Miguel Villalobos, en Repretel, canal 6; así como del abogado y excandidato presidencial, Juan Diego Castro.
Ambos criticaron la calidad de las pruebas y la forma en la que fueron recabadas.
De forma posterior a la reproducción de ese material, Chaves también lanzó ataques contra Díaz, a quien calificó de “desagradable” e “indigno”.
Luego enfiló sus ataques al empresario Christian Bulgarelli, quien decidió colaborar con las autoridades judiciales como “testigo de la corona” en la causa que se sigue contra el mandatario; y también lanzó reproches a la exministra Patricia Navarro, quien aportó a las autoridades los audios de varias conversaciones que grabó sobre el tema.
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Con base en el testimonio de Bulgarelli y los audios grabados por Navarro, la Fiscalía sostiene que Chaves habría orquestado la construcción de un contrato “a la medida” para Bulgarelli y su empresa; y que luego habría ordenado al productor audiovisual que redirigiera $32.000 en favor de Federico Cruz, conocido como Choreco. Ese dinero habría sido utilizado por Cruz, según las pesquisas judiciales, para enganchar la compra de una casa.
Antes de hablar sobre el tema, Chaves recibió el respaldo de su gabinete. En nombre de su equipo de ministros habló la jerarca de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
Bogantes alegó que el presidente es víctima de “persecución, ensañamiento y una cacería de brujas” y calificó como un hecho “obsceno” que los detalles de la acusación se filtraran a “medios enemigos de este gobierno”.

Dato erróneo
Durante el acto de este miércoles, un periodista le indicó erróneamente al presidente Rodrigo Chaves que él era el primer mandatario acusado durante el ejercicio de sus funciones y le pidió su criterio al respecto.
Sin embargo, ese dato es incorrecto. El presidente no corrigió al periodista e indicó esto sucede porque “es la primera vez que un mandatario en ejercicio desafía a la casta corrupta, ambiciosa y choricera”.
Otro presidente había sido acusado durante su mandato.
Carlos Alvarado había enfrentado una acusación en febrero de 2022 por el caso conocido como “caso UPAD”, a solo unos días de las elecciones presidenciales de ese año.
No obstante, no se aplicó el procedimiento para levantarle su inmunidad, pues solo faltaban dos meses para el final de su período constitucional. Alvarado pasó a enfrenar el proceso por la vía ordinaria, como un ciudadano común, y no como un miembro de los Supremos Poderes.