La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) planteó un cobro judicial de ¢40.000 millones contra el gobierno por no pagar los servicios brindados a las personas en indigencia médica. Así lo afirmó este martes Gilberth Alfaro Morales, director jurídico de la institución, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa.
El representante legal brindó la información ante una consulta de la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), sobre los cobros que la institución tiene en proceso a raíz de las deudas del Estado con la seguridad social. La gestión de cobro empezó en marzo del 2023.
Alfaro fue llamado por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la CCSS.
Bajo el programa Asegurados por Cuenta del Estado (ACE), la CCSS atiende a las personas que se encuentran bajo la condición de “indigencia médica”, según el artículo 10 del reglamento del programa. Esto significa que el núcleo familiar no puede satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vestuario, vivienda y salud.
El beneficio se extiende a familias que tienen un ingreso igual o superior al salario mínimo más bajo, o que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. En síntesis, el programa está destinado a personas sin capacidad de pago y que no estén cubiertas por algún otro régimen de aseguramiento de la CCSS. No pueden acceder, por ejemplo, quienes reciban un salario regular y estable.
El Poder Ejecutivo no coincide con ese significado y, de hecho, suspendió los pagos que debe hacer a la CCSS para la atención de la indigencia médica. Durante todo el 2023, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) no transfirió recursos por este concepto, a pesar de que la CCSS le emitió facturas por un total de ¢84.089 millones por este concepto.
Gilberth Alfaro Morales, director jurídico de la CCSS, y Andrey Quesada Azucena,, subdirector jurídico, comparecieron ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa (SILENE/Asamblea Legislativa)
Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina; finalizando la Maestría en Diplomacia del Instituto Manuel María Peralta.
Ingresó a La Nación en 1993. Cubre salud. Graduada de la UCR, máster de la Universidad Complutense, con formación en CDC y NIH, entre otros. Redactora del Año de La Nación 1998, premio SIP 1997, Premio Nacional de Periodismo de Salud OPS 2002, Premio Cámara Costarricense de la Salud 2022. Coautora de Comunicación, palanca para la acción en salud.
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