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Han pasado diez años desde que el Estado fue condenado por no destinar los recursos necesarios para financiar el traslado de los Ebáis (primer nivel de atención) del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Aunque la sentencia ordenó al Gobierno cumplir con la obligación, esto no ha ocurrido. Por esta razón, la CCSS acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que se ejecute la sentencia original, dictada en 2015. En esa sede, reclamó un monto de ¢5,9 billones, equivalente a un 48% del Presupuesto Nacional del 2025.
El fallo de hace una década dio un plazo máximo de cinco meses para que el Ministerio de Hacienda y la CCSS adoptaran, “de forma consensuada”, una metodología para determinar el monto mensual que el Gobierno debía trasladar a la Caja para cubrir los gastos del primer nivel de atención desde 1994 hasta la fecha. Sin embargo, la disposición no se consumó.
En criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), que ejerce la representación judicial del Estado en este caso, la ejecución de sentencia solicitada por la CCSS “contraviene lo dispuesto tanto en la sentencia del Tribunal del Contencioso Administrativo” como en la resolución de alzada de la Sala Primera.
“En dichas resoluciones, se determinó que, en ejecución de sentencia, lo que corresponde es que de forma consensuada se llegara a determinar la metodología para estimar los costos personales e indirectos correspondientes a la atención primaria de salud. Al interponer la demanda de ejecución en los términos planteados, la Caja contraviene la decisión del Tribunal y de la Sala Primera”, expresó.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda alegó que mantiene el compromiso de atender sus obligaciones con la CCSS y de hacer un uso eficiente de los recursos públicos.
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Una década sin acuerdos
El primer nivel de atención estuvo en manos del Ministerio de Salud hasta finales de 1993, pues se le trasladó a la Caja en un lapso de cuatro años con la ley 7374, que entró en vigencia en 1994, con la llamada reforma del sector salud.
Posteriormente, en el 2013, el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), recurrió a los Tribunales para obligar al Estado a cubrir los costos de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). El legislador y la CCSS reclamaban el pago de $1.000 millones (casi ¢550.000 millones de esa época), lo cual equivalía a un 7% del Presupuesto Nacional.
La administración del presidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) apeló la primera sentencia que ordenó al Estado realizar el pago, pero los magistrados de la Sala Primera la ratificaron en marzo del 2018.
La CCSS alega que, desde entonces, el Ministerio de Hacienda omite su deber de tomar las previsiones presupuestarias para trasladar los recursos a la CCSS, con el fin de cubrir las obligaciones derivadas del programa de atención preventiva de la población (primer nivel de atención).
Así lo externó la institución en un escrito presentado el 16 de julio del 2020 ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para exigir que se ejecute la sentencia del 2015.
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La CCSS pidió a los jueces aprobar el procedimiento definido por la institución para determinar el monto adeudado por Hacienda hasta el año 2019, el cual estimó en ¢5.933.726.567.501,95. Igualmente, solicitó que se ordene al Ministerio iniciar en forma inmediata el traslado mensual de fondos y pagar los intereses generados entre el 1.° de enero de 1996 al 31 de octubre de 2019.
Según la institución, el monto se divide en ¢5.743.229.795.478 del periodo comprendido entre 1994 y marzo de 2019; y ¢190.496.772.023 de los meses que van de abril a setiembre de 2019.
En diciembre pasado, el director jurídico de la CCSS, Gilberth Alfaro, recordó a los diputados que el reclamo judicial se encuentra en curso. Este cobro de ¢5,9 billones es aparte de la deuda del Estado con la Caja relacionada con el impago de las cuotas estatales y los subsidios para la atención de sectores vulnerables, que ronda los ¢4 billones, según la institución.
La Procuraduría indicó a La Nación que es respetuosa de las sentencias dictadas y que lo correspondiente es que, de forma consensuada, “la CCSS y el Ministerio de Hacienda determinen la metodología”.
Hacienda indicó que propuso una metodología de pago que incluye la revisión y conciliación de bases de datos; además, indicó que suscribió una carta de entendimiento para el intercambio de información y que se conformó un grupo de trabajo de alto nivel, para avanzar en los procesos de conciliación.
“También, ha externado la disposición de pagar una asistencia técnica reembolsable con el Banco Mundial, para el ordenamiento de las bases de datos de la CCSS”, agregó Luis Molina, viceministro de Hacienda, en una declaración enviada a este medio.
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Estado no reconoce monto exigido por la CCSS
La Procuraduría no reconoce la billonaria cifra reclamada por la CCSS. “Este monto es incógnito. Para establecer un monto, es necesario que, de forma consensuada, la CCSS y el Ministerio de Hacienda determinen la metodología, según insistió.
En cuanto a la capacidad del Estado de asumir el pago exigido por la CCSS, la Procuraduría dijo que no le corresponde determinar la viabilidad de asumir la totalidad de la deuda. En su opinión, “ya el asunto tiene cosa juzgada material”, por lo que es necesario que las partes se pongan de acuerdo para establecer el mecanismo de cálculo.
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El abogado del Estado indicó que el proceso está a la espera de que se convoque una audiencia para recibir la prueba experta y testimonial.
