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El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas le confesó a la Fiscalía General que, por solicitud del presidente Rodrigo Chaves, depositó $32.000 en favor del exasesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de ganar un aparente concurso hecho a la medida, financiado con los recursos que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó al gobierno de Chaves. La transferencia tenía el objetivo de que Choreco enganchara una casa en un condominio.
El productor le contó al Ministerio Público que depositó $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago, para que Cruz pudiera alquilarla, con opción de compra.
Justamente en ese condominio, el 8 de agosto del 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.
La empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut), ganó un contrato de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial en el primer año de la administración Chaves, después de que el productor habría participado en la elaboración de los términos de referencia del concurso, junto a Choreco.
Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves
Así lo confirmó el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien presentó este lunes una acusación y una solicitud de apertura a juicio en contra el presidente Chaves y el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, pues sospecha que ese contrato, financiado con fondos del BCIE, fue hecho a la medida para que la firma de Bulgarelli lo ganara, y para que una parte de los $405.800 se utilizara para beneficiar a Choreco.
“Se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el BCIE, al coimputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32.000, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal N.° 25-000044-0033-P”, consignó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
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En específico, a Chaves y a Rodríguez les endilga un aparente delito de concusión, el cual es penado, en el artículo 355 del Código Penal, con cárcel de dos a ocho años.
Esa sanción se le impone al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
De previo a la presentación de la acusación, la Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con Christian Bulgarelli, quien se liberó de ser acusado por estos hechos a cambio de convertirse en el testigo de la corona y brindar información esencial para esclarecer lo sucedido.
El 4 de diciembre del 2023, La Nación dio a conocer que el propio Chaves se aseguró, en el 2022, de que Choreco fuese parte de la polémica contratación de $405.800 adjudicada a Bulgarelli con fondos del BCIE.
Esa fue una de las revelaciones contenidas en Los audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones de trabajo, efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas, en exclusiva por este diario.
En uno de los audios se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
Además, las grabaciones muestran cuando el mandatario preguntó si su entonces asesor de imagen, “Choreco”, sería parte de ese contrato de Bulgarelli.
El 11 de diciembre del 2023, Chaves declaró en una entrevista con Diario Extra que Choreco ya no era su asesor, ya no le hablaba al oído y ya no era parte del comité editorial. Ese día, el publicista debía comparecer en la Asamblea y, consultado por los diputados, dijo que lo publicado le tomó por sorpresa.
