EscucharLa sentencia 2025-380 de la Sala Constitucional acogió por unanimidad nuestra consulta facultativa que denunciaba la omisión del Estado de asignar el 8 % del producto interno bruto (PIB) a la educación pública en el presupuesto nacional 2025.
Como señalamos en nuestro reciente informe anual, los recortes presupuestarios del período 2023-2024 afectaron diversos programas de alimentación y transporte estudiantil, la atención de aproximadamente 849 centros educativos con órdenes sanitarias, la construcción de nueva infraestructura educativa, la asignación de becas para evitar la deserción, el financiamiento de juntas de educación y administrativas, entre otros.
La reforma constitucional, aprobada en 2011, ha venido siendo incumplida; si se toman como referencia los presupuestos desde 2019 queda de relieve una tendencia a disminuir año tras año el monto asignado al sector educativo. De un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.
Con plena conciencia de la gravedad de esta problemática, la Defensoría explora mediante el diálogo alternativas que modifiquen el statu quo que, a corto plazo, materializará una regresividad en materia de derechos humanos y que, a largo plazo, es el caldo de cultivo que hipoteca el futuro de la población menor de edad.
Las leyes de la Defensoría de los Habitantes y de la Jurisdicción Constitucional y otra normativa concomitante facultan la defensa de los derechos fundamentales. Sobra decir que el propio ordenamiento jurídico brinda protección especial a diversos grupos con condiciones diferenciadas para el ejercicio de sus derechos. Ejemplo de ello es que la normativa nacional e internacional indica que las actuaciones del Estado deben orientarse hacia el interés superior de los menores.
Las personas y su dignidad deben ser el centro de las políticas públicas, los presupuestos y otros actos administrativos.
Debe recordarse que la discusión no se circunscribe al Ministerio de Educación Pública; engloba programas de becas del Instituto Mixto de Ayuda Social, del Instituto Nacional de Aprendizaje y del Patronato Nacional de la Infancia, así como servicios de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái) del Ministerio de Salud.
La Defensoría considera importante retomar el camino hacia la garantía del mandato constitucional y detener todas las acciones u omisiones estatales que incidan en la regresividad.
La progresividad de los derechos económicos y sociales está sujeta a que el Estado asigne “hasta el máximo de los recursos que dispongan”. En ese sentido, hay una obligación jurídica convencional para el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa de demostrar que, efectivamente, el Estado está asignando hasta el máximo de las posibilidades presupuestarias o que está optimizando los recursos para no sacrificar la inversión en educación pública.
En la Costa Rica que está desarrollándose, hay múltiples brechas entre las aspiraciones que tenemos y las realidades que afrontamos. Toda Administración tiene la obligación de respetar los derechos e intereses estudiantiles y disponer de las herramientas a su alcance que impidan hipotecar el futuro de la población infantil y juvenil.
Nuestros éxitos sociales fueron posibles cuando decidimos que la educación pública sería nuestro más potente mecanismo de movilidad social ascendente.
No podemos permitirnos que las actividades ilícitas y las condiciones laborales precarias vengan a suplir la falta de oportunidades que colectivamente deberíamos proveer a ese 40 % de nuestra población.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes seguirá explorando y poniendo en funcionamiento otros mecanismos que coadyuven a la defensa de sus derechos.
Angie Cruickshank Lambert es defensora de los habitantes.
