EscucharNo importa cómo se financie la ampliación de la carretera San José-San Ramón, el costo estimado será similar al planteado por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica (unos $670 millones, además de $110 millones aportados por el Estado para las obras impostergables) y el peaje se mantendría en una suma cercana a los $3 por sentido. Las estimaciones fueron explicadas por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, a los miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
Batalla diferenció el proyecto reestructurado por la inclusión de más y mejores obras, pero a fin de cuentas, se habla de un trayecto parecido y costos similares a los de la concesión otorgada a la empresa brasileña OAS, ajustados por el paso del tiempo y los trabajos adicionales. Cada vez resulta más obvio el error cometido hace más de una década cuando el Partido Acción Ciudadana y grupos de occidente obligaron a cancelar la concesión y pagar una indemnización cercana a los $35 millones a la adjudicataria.
Desde entonces, abundan los mecanismos propuestos para ejecutar el proyecto. Los opositores a la concesión proponían financiarlo con recursos de los fondos de pensiones, diversas fuentes de crédito y la ejecución a cargo de un fideicomiso. Inaugurada la actual administración, el fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica recibió la noticia de su pronta cancelación. Luego, el entonces ministro Luis Amador dijo que la advertencia fue un golpe en la mesa para enderezar la gestión del fideicomiso. Más tarde se volvió a hablar de cancelarlo y finalmente se hizo.
Ahora, el Ministerio propone gestionar un crédito para construir la obra con las estimaciones citadas por Batalla, pero eso depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda y la aprobación de la Asamblea Legislativa. Parece un objetivo difícil en las circunstancias actuales de las finanzas públicas. Por un lado, Hacienda mantiene un riguroso control sobre las inversiones y, por otro, en el Congreso surgen dudas sobre la aprobación de más endeudamiento.
Así las cosas, al terminar la actual administración, la carretera a San Ramón, una de las más importantes del país, probablemente seguirá en espera de la ampliación reconocida como necesaria desde hace lustros. En previsión de las posibles dificultades, el ministro no descartó volver a la idea de la concesión.
Ejecutar la obra mediante ese mecanismo no compromete recursos públicos ni aumenta la deuda. El concesionario debe obtener el financiamiento y atender su pago con los peajes recolectados. Repetir el proceso requerirá trámites prolongados. Por eso, cuanto más pronto se opte por la concesión, mejor.
La pregunta es si el Consejo Nacional de Concesiones está preparado para completar la tarea con éxito. A lo largo de la actual administración ha sufrido la misma inestabilidad de otras dependencias. Se quedó sin jerarca en tres oportunidades en menos de dos años, y los proyectos bajo su responsabilidad han sufrido constantes vaivenes, ejemplificados por la indecisión en torno a la ampliación de la ruta 27, donde la administración pasó de anunciar planes para encontrar un nuevo operador a revivir las conversaciones con el actual.
La indecisión ha caracterizado la gestión de obra pública en los dos últimos años. Otros proyectos trascendentales, como Orosi II y Agua para Guanacaste, han sufrido altibajos y demoras injustificables. La ampliación de la carretera a San Ramón tiene una historia similar, agravada por el tiempo transcurrido a vista y paciencia de otros gobiernos.
