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Al menos 200 grupos dedicados al crimen organizado operan en el país y cuentan con 4.000 miembros dedicados al narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero, asegura el Informe Estado de la Nación 2024 a partir de los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Otros expertos y fuentes disputan la precisión de esos números, pero ningún cálculo se les aleja demasiado.
El OIJ y la Fiscalía desarrollan una plataforma llamada Diseño Estratégico para el Combate Institucional de las Organizaciones Criminales y la Resiliencia (Decisor), donde recopilan información sobre las estructuras criminales activas, con lo cual esperan mejorar la calidad de los datos y fortalecer las labores de inteligencia.
Según el fiscal adjunto Mauricio Boraschi Hernández, el dato más actualizado es de unas 280 estructuras, pero advierte sobre posibles variaciones según la policía logra desarticular algunas bandas y surgen otras. En la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, habló de 340 grupos, a diferencia de los 35 contabilizados en el 2013. Estas estimaciones, contrario a los datos del OIJ utilizados por el Estado de la Nación, no señalan el número aproximado de miembros de las organizaciones.
En cualquier caso, los datos proyectan claridad sobre dos aspectos de la lucha contra el crimen organizado. Primero, queda clara la necesidad de refinar la estadística y profundizar la inteligencia, como procura hacerlo el OIJ con la plataforma Decisor. La inversión de recursos en el desarrollo de herramientas informáticas para apoyar el análisis de la actividad delictiva es indispensable, como lo demuestra la experiencia habida en otros países.
En segundo lugar, si bien la cantidad de participantes en el crimen organizado es motivo de alarma y lo sería aún más si pasaran de 4.000, están lejos de los 75.000 detenidos en cárceles salvadoreñas después de la declaratoria del estado de excepción solicitada al Congreso por el presidente Nayib Bukele en el 2022.
Aún más, los miembros del crimen organizado en nuestro país representan la mitad de los apresados por error según la admisión del propio mandatario durante su visita a Costa Rica. La diferencia es notable aunque se tenga en cuenta el mayor número de habitantes de El Salvador para calcular la proporción. También sería importante si los detenidos injustamente en el país vecino fueran 30.000, como sostienen las organizaciones vigilantes de los derechos humanos.
Los números apuntan a la diferencia en la naturaleza de los fenómenos delictivos en cada país. En El Salvador, el reto son las maras, dedicadas a la extorsión, el proxenetismo, el secuestro y otras actividades criminales necesitadas de muchos participantes. Ningún emprendimiento delictivo les es ajeno, pero el narcotráfico es apenas uno más de sus negocios. Si las maras luchan por territorio, es para delimitar las áreas donde ejecutan esa variedad de delitos.
Las organizaciones costarricenses no son menos peligrosas, pero la dedicación al narcotráfico y lavado de dinero es mucho más intensa. La lucha por territorio es, en la mayor parte del país, consecuencia del negocio local de distribución de drogas, mientras los grandes operadores internacionales apenas tienen interés en esa actividad, con frecuencia alimentada por cantidades residuales de droga utilizada como medio de pago para los colaboradores nacionales del narcotráfico transfronterizo.
Aparte de otras diferencias insalvables, el reconocimiento de las características del crimen organizado en uno y otro país abulta las razones para no intentar la aplicación de respuestas similares. Costa Rica, por ejemplo, no necesita invertir en megacárceles, sino en medios para acrecentar la recopilación y análisis de inteligencia. Tampoco requiere un ejército, sino una policía científica bien equipada y en número suficiente.
