Mónica Taylor Hernández, cuarta presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en esta administración, se compromete a proporcionar una atención oportuna y de calidad. ¿Cómo no desearle éxito en tan nobles propósitos? Pero la realidad es que faltan dieciséis meses para finalizar el gobierno y hasta ahora la institución solo ha ofrecido inestabilidad e incumplimiento de las promesas de campaña, de los primeros cien días de gobierno y de la Ruta de la Salud, para señalar solo tres hitos en una larga cadena de tropiezos.
La oferta de atención “oportuna” cuando las listas de espera van en aumento y el tiempo se agota parece imbuida de excesivo optimismo. La nueva presidenta ejecutiva no dijo cómo piensa lograrlo. La Ruta de la Salud comenzó a desarticularse poco después de anunciada, con gran pompa, en el Estadio Nacional, el 7 de noviembre de 2023. A esa fecha, los directivos no habían tomado los acuerdos requeridos sobre compra de servicios a terceros, copago de atención médica en hospitales y clínicas privadas, o la provisión de ¢200.000 millones para acortar las esperas. Estos eran los principales elementos del plan, pero ninguno avanzó y ninguno parece recuperable a estas alturas.
¿Volverá la novísima administración sobre la Ruta de la Salud o planteará un proyecto completamente nuevo para ser ejecutado en menos de año y medio? Una tercera posibilidad es administrar, hasta el final del gobierno, las deficiencias de larga data. No parece haber otra salida ni medio alguno para concretar la más reciente promesa de atención oportuna, humana y eficiente.
La nueva presidenta ejecutiva toma el mando en circunstancias muy complejas. La institución acaba de sufrir uno de los más fuertes remezones de su historia, su Junta Directiva y gerencias son objeto de constantes cambios, los especialistas abandonan sus cargos en medio de confrontaciones laborales y, sin ellos, la presión sobre las listas de espera solo puede aumentar.
También es difícil creer que el ofrecimiento de atención oportuna y de calidad tenga asidero en la experiencia de quien lo formula. Hasta hace una semana, Mónica Taylor, cuya profesión es la abogacía, laboró en el despacho del presidente Rodrigo Chaves. De ahí pasará a administrar una de las instituciones más grandes y complejas del país, especializada en brindar servicios de salud.
Su antecesora, Laura Ávila Bolaños, nombrada el 20 de noviembre, ni siquiera duró dos meses en el cargo. Quizá la rápida sucesión de acontecimientos y su sorpresiva designación expliquen la vaguedad de sus primeras manifestaciones. “Les garantizo que nuestro objetivo principal será la atención del usuario: cada una de esas personas que acude a los servicios de la Caja en cada rincón del país y que merece una atención de calidad, humana y eficiente”.
Pero la institución obtendría mayores beneficios del aprovechamiento de los próximos 16 meses para poner los pies en la tierra y esbozar soluciones realistas a sus múltiples retos. Es preciso dejar de tratarlos como asuntos de genérica “buena administración”, fáciles de solucionar con algo de voluntad y una serie de medidas como las anunciadas en el Estadio Nacional o las enumeradas al cumplirse cien días de la administración: “¡Por fin!, ya la Caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias a especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo y la compra de servicios a terceros, entre otras medidas”, exclamó el presidente Chaves en aquella lejana oportunidad.
Con esos antecedentes, es fácil comprender por qué, en lugar de renovadas promesas, veríamos con esperanza el anuncio de una gestión sosegada, guiada por criterios técnicos, sin excesivo compromiso con el corto plazo, aunque consciente de la urgencia de mejorar la atención de la salud de la gran mayoría de la población.