EscucharEn general tienen poca población. Fuera de esto, su diversidad es notoria. Uno de ellos (Flores, en Heredia) se ubicó en el sétimo lugar del índice de competitividad nacional (ICN), compilado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) el pasado año, a partir de múltiples indicadores. Otro (Guatuso) está en uno de los últimos puestos: el 80. Algunos son rurales; otros, esencialmente urbanos. Unos poseen amplias llanuras; otros, agrupaciones montañosas. Y así como cuatro se ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM), los nueve restantes están en otras regiones del país.
En medio de estas disparidades hay algo en común que caracteriza, para bien, a estos 13 cantones: durante el pasado año, Acosta, Dota, Zarcero, San Isidro de Heredia, Monteverde, Hojancha, Tarrazú, Naranjo, Guatuso, Barva, Flores, Nandayure y Montes de Oro no padecieron ningún homicidio. Mejor aún, los seis primeros llevan dos años inmunes. Hojancha suma 20.
No existe, que sepamos, un estudio sistemático, controlado y de largo aliento para definir con precisión por qué, mientras la tasa promedio nacional de asesinatos llegó a 16,6 por cada 100.000 habitantes el pasado año, en estos 13 municipios fue de cero. Sin embargo, tal como reveló una información del periodista Hugo Solano C., publicada en nuestra edición del viernes, existen buenas prácticas que permiten identificar variables clave del ejemplar resultado.
Esas experiencias, además, pueden servir de guía para que las autoridades locales y nacionales orienten, con mayor éxito, sus políticas de prevención, control e intervención. El país las necesita con urgencia. Los 880 homicidios computados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2024 marcaron el segundo registro más alto de nuestra historia, tras los 905 de 2023. Estamos ante una emergencia que no se debe afrontar repartiendo culpas, sino compartiendo e implementando soluciones.
Para el subdirector del OIJ, Michael Soto, existen algunas explicaciones de ese desempeño cantonal, vinculadas con rasgos demográficos, económicos y sociales: mientras en los que tienen más alto desarrollo humano del grupo existen múltiples oportunidades de educación, empleo y deportes, que desestimulan la comisión de delitos, el relativo aislamiento y mayor pobreza de otros reduce el atractivo para los delincuentes. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esto debe conducir a desentendernos de las necesidades de los cantones con serias limitaciones económicas. Al contrario, se impone apostar a políticas públicas lúcidas que promuevan un desarrollo inclusivo.
En el repertorio de iniciativas locales específicas, destacan varias de alto contenido práctico. Entre ellas están las charlas a estudiantes de primaria y secundaria sobre los riesgos del delito y el uso de drogas; la organización de comunidades contra la delincuencia, junto con redes de comunicación entre vecinos y de estos con las autoridades; la creación y buen mantenimiento de espacios públicos para el esparcimiento y la interacción social; la mejora en los sistemas de iluminación; el desarrollo de cuerpos de policía municipales; y la coordinación entre instituciones locales relacionadas con la cultura, el deporte, la recreación y otras actividades integradoras.
A lo anterior se añade otro tipo de coordinación: de las autoridades locales con las del Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ, tanto en prevención como en vigilancia, intervención, investigación y, eventualmente, la represión. El programa Sembremos Seguridad, impulsado por la Embajada de Estados Unidos, ha servido como fuente de apoyo, al menos, a dos de los cantones de la lista; otros podrían, eventualmente, también beneficiarse.
Muchas de estas medidas no son costosas; dependen, esencialmente, de planeamiento, liderazgo, organización y visión a largo plazo, orientados a desarrollar un capital indispensable para reducir la delincuencia y también mejorar el bienestar ciudadano: la cohesión social. Otras iniciativas solo pueden emprenderse con adecuados recursos que el gobierno debe proporcionar, de forma estratégica y planificada, a los municipios con mayores carencias.
Cualquier plan debe verse como parte de esfuerzos multidisciplinarios. La buena legislación y los cuerpos policiales competentes y bien dirigidos son indispensables para enfrentar el delito y frustrar los homicidios. Sin embargo, en la base de toda política está la dimensión social y comunitaria.
La magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera (penal) de la Corte Suprema de Justicia, lo dijo con gran claridad en una entrevista aparecida en La Nación el 30 de diciembre: “La respuesta a un programa social tiene que ser de carácter social”. Es en esta dimensión, sin descuidar las demás, también esenciales, que las municipalidades y grupos locales pueden tener un enorme impacto. Los 13 cantones sin homicidios en 2024 lo demuestran. No existen recetas mágicas, pero sí experiencias que han demostrado eficacia. Merecen ser emuladas.
