EscucharEste martes cumple 45 años un órgano jurisdiccional que ha sido fundamental para la defensa de la dignidad humana y el impulso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el hemisferio: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 3 de setiembre de 1979 quedó instalada en nuestra capital, y desde entonces, mediante sus sentencias, opiniones consultivas y medidas provisionales, ha sido un bastión contra la arbitrariedad y las violaciones de esos derechos, que ha tutelado con visión y amplitud. Además, ha desarrollado una vigorosa jurisprudencia en la materia, ampliamente reconocida como ejemplar, que ha nutrido las jurisdicciones nacionales.
La Corte fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, tras obtener las ratificaciones necesarias. En su artículo 62 le adjudicó “competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación” de sus disposiciones en los Estados que reconozcan su competencia. En la actualidad son 19 de América Latina y el Caribe.
No es exagerado decir que, entre ellos, Costa Rica ha sido el más comprometido con la institución, de la que nos enorgullece ser sede. La relación ha sido altamente enriquecedora para ambas partes, y se ha desarrollado en varias etapas.
La conferencia especializada que en 1969 adoptó la Convención fue celebrada en nuestra capital; por algo ese importante instrumento jurídico se conoce también como Pacto de San José. Fuimos el primer país en ratificarlo y en reconocer la competencia de la Corte. Además, gracias a una reiterada jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, sus sentencias y opiniones consultivas son fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico, con independencia de que el país haya participado o no en los casos que las originan. Y tanto la Convención como otros instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Costa Rica, en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a las personas, priman sobre los reconocidos por la Constitución.
También fue un gobierno costarricense el primero en someter un asunto contencioso a su conocimiento y el primero en presentar una solicitud de opinión consultiva. Por razones procesales, el caso fue rechazado en 1981, pero la solicitud produjo la opinión consultiva que, en noviembre de 1985, declaró la incompatibilidad entre la colegiación obligatoria de periodistas y el artículo 13 de la Convención, que garantiza la libertad de expresión. Esto hizo que, tras su establecimiento en 1989, y como resultado de su jurisprudencia sobre el ámbito de los tratados de derechos humanos, la Sala IV declarara inconstitucional ese requisito en nuestra legislación.
En noviembre de 1978, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió el ofrecimiento nacional para que la sede de la Corte se estableciera en nuestro territorio. Tras su constitución en San José y la aprobación de su Estatuto y Reglamento, en setiembre de 1980 la Corte y el gobierno firmaron el convenio de sede, ratificado tres meses después por la Asamblea Legislativa. Este acuerdo contempló también la creación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
El primer presidente de la Corte fue el jurista costarricense Rodolfo Piza Escalante, juez entre 1979 y 1988, y este martes llega a sus 45 años presidida por otra costarricense, Nancy Hernández López, exmagistrada de la Sala Constitucional, quien se incorporó en el 2022. Le habían antecedido en ese tribunal los compatriotas Elizabeth Odio Benito —presidenta entre el 2020 y el 2021—; Manuel Ventura Robles, juez entre el 2004 y el 2015, y Sonia Picado Sotela, entre 1986 y 1994. Ambos, además, ocuparon su vicepresidencia.
Mencionamos lo anterior para resaltar los vínculos tan profundos que han existido entre el país y la Corte, e insistir en la importancia de que se mantengan y —mejor aún— profundicen. Para Costa Rica, su presencia en territorio nacional ha sido una fuente de desarrollo académico, institucional y profesional en materia de derechos humanos; para la Corte, el apoyo nacional ha fortalecido sus tareas, particularmente en momentos de enormes desafíos por parte de gobiernos autocráticos.
Los desafíos se mantienen, y en la actualidad son particularmente preocupantes, no solo debido al autoritarismo existente en algunos países, sino, incluso, en Estados democráticos con débiles instituciones judiciales. Por esto, el aniversario de este martes, aparte de motivo de celebración, debe serlo de acicate para seguir trabajando por la vigencia de la Convención, el desempeño garantista de la Corte y el fortalecimiento general del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
