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La competitividad de Costa Rica está estancada desde el 2022, dice el cuarto informe nacional del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC). No es un resultado halagüeño, pero esconde, además, conclusiones alarmantes sobre el desequilibrio del desarrollo nacional. Una y otra vez, costas y fronteras muestran realidades muy distantes de las condiciones vigentes en el centro del país.
Costa Rica experimentó una drástica caída en la tasa de embarazos de adolescentes, de 19 a 9 por cada cien, entre el 2012 y el 2021. La educación sexual impartida en el sistema público tiene buena parte del mérito y coloca al país entre los más adelantados de América Latina. No obstante, la tasa en San Mateo de Alajuela, de 16,3 (porcentaje de nacimientos de madres adolescentes sobre el total de nacidos) es muy cercana a la de Mozambique, Níger y República Centroafricana, tres de los países más afectados.
En cambio, Belén, el ayuntamiento más competitivo del país, solo registra una tasa de 2,5. A la cabeza de los buenos resultados siguen Montes de Oca (3,2), Flores (3,4), Escazú (3,6) y Moravia (4,2), todos en la lista de los 10 cantones más competitivos y todos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Los embarazos de adolescentes no son la única estadística que refleja la existencia de dos países. La criminalidad también se manifiesta con intensidades muy diferentes en cantones como Limón y Puntarenas en relación con buena parte de la GAM. Mientras Santa Ana tiene un índice de homicidios de 1,6 por cada 100.000 personas, en Limón y Puntarenas los datos son 90,6 y 46,7, respectivamente. Ni siquiera las zonas más afectadas del centro del país, como el cantón de Alajuelita (23,4 homicidios por cada 100.000 habitantes) se acercan a esos índices, propios de países mucho más azotados por la violencia.
También hay una enorme disparidad en los índices de mortalidad infantil, un dato del cual Costa Rica se ha enorgullecido, con justicia, durante años. En la última década, nuestro país tuvo tasas muy bajas, comparables con las de naciones desarrolladas. En el quinquenio entre el 2015 y el 2019, el indicador rondó 9,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. La cifra está muy por debajo del umbral de 12 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para marcar la frontera entre países exitosos y deficientes en esta materia.
Pero el panorama nacional está muy lejos de la realidad de cantones como Montes de Oro, con 50,42 muertes por cada 1.000 nacidos. El cantón puntarenense está a la cabeza de un grupo de 22 con datos superiores al umbral fijado por la OMS. La mayor parte de esos cantones, claro está, no se ubican en el centro del país. La tasa puede variar de forma abrupta dependiendo de varios factores, incluidos los flujos de población, pero ofrece una alerta sobre sitios donde conviene centrar la atención. En todo caso, con la excepción de un par de municipios, como Belén, los datos también apuntan a una disparidad entre el centro y la periferia.
Quizá la mayor evidencia de disparidad, y también una de sus explicaciones, es la concentración de la producción en el centro del país. Siete cantones ubicados en la GAM aportan el 49 % del producto interno bruto, es decir, de la totalidad de bienes y servicios producidos en el país. Lo demás se lo dividen entre los 77 cantones restantes y no en partes iguales. El dato responde a las brechas tecnológicas, de infraestructura, educación, seguridad y salud, entre otros factores. La consecuencia es el bajo desarrollo humano y los altos índices de pobreza.
Tenemos un país inserto en la economía global, con gran éxito exportador y mayor riqueza, que coexiste con otro sin esas ventajas y los índices de embarazo adolescente, mortalidad infantil y violencia compiten con los de las naciones más flageladas. El índice de competitividad es un excelente instrumento para identificar los lugares donde urge un esfuerzo nacional para incrementar la competitividad y el desarrollo, pero también es un diagnóstico de amenazantes desequilibrios regionales.
