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Costa Rica atraviesa una progresiva disminución de la tasa de fecundidad, muy por debajo de la tasa de reemplazo mínima de 2,1 necesaria para evitar un efecto negativo en los servicios públicos.
Se prevé que en el 2031 esta tasa será la más baja de la historia, alrededor de un 1,14. Si esto ocurre, el Estado debería estar aprobando sólidas políticas públicas para garantizarles a los niños y adolescentes actuales salud y educación adecuadas, así como un entorno seguro para su desarrollo pleno.
Ellos serán quienes enfrenten un país envejecido y crisis en todos los campos. Solo con personas sólidamente formadas, sanas y felices es posible recibir el futuro con éxito. Desgraciadamente, los hechos confirman que no hay conciencia de lo que se debe hacer.
Los delitos contra la vida cometidos por menores de edad se duplicaron entre el 2019 y el 2023. Pasaron de 496 a 1.004 casos, según datos del Poder Judicial; un incremento del 102 %.
El delito que más aumentó fue la agresión con armas, de 287 casos en el 2019 a 525 en el 2023, lo que representa un aumento del 83 %. En el mismo período, los delitos relacionados con drogas crecieron un 84 %. Subieron de 143 a 263 casos, e incluyen suministro, venta, tenencia de drogas y legitimación de capitales.
Entre los factores que inciden en esta problemática destacan principalmente la pobreza y la desigualdad, seguidas de la expulsión escolar, especialmente en secundaria, sin que haya una respuesta estatal acorde con la magnitud del problema.
Agrava la situación la respuesta de la ministra de Educación, quien afirma que el camino para abordar la crisis “está en su cabeza”. ¡Es para sentarse a llorar!
El narcotráfico encuentra un terreno fértil para reclutar adolescentes y jóvenes, quienes, al verse excluidos, encuentran en estas estructuras la sensación de pertenencia, reconocimiento y algún grado de poder e ingreso económico, aunque transitorio.
En el crimen organizado, los jóvenes satisfacen la necesidad humana de ser reconocidos socialmente, incluso si es por actos negativos, ya que lo peor es ser ignorado.
Factores como la violencia familiar, la falta de supervisión adulta y el creciente impacto de las redes sociales en la vida de niños y adolescentes contribuyen a agravar esta situación.
El más reciente Informe del Estado de la Nación revela que los hogares costarricenses tienen menos ingresos reales que hace una década y que la pobreza infantil y adolescente ha crecido en los últimos 30 años. En la población de 6 a 11 años, la pobreza pasó del 37 % en 1993 al 40 % en la actualidad, mientras que en la de 12 a 17 años, pasó del 30 % al 36 %.
Estas condiciones facilitan el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para actividades ilícitas, especialmente para el sicariato, ejecutado por jóvenes de entre 15 y 24 años.
Además, la tasa de embarazo adolescente en cantones rurales se aproxima a las más altas del mundo. Aunque estábamos orgullosos de haber reducido esta tasa del 16 % al 9 % en una década, hay una marcada diferencia entre las zonas rurales y urbanas. San Mateo, en Alajuela, registra una tasa de embarazo adolescente similar a la de Mozambique, el segundo país con los números más altos.
El descenso de embarazos adolescentes se logró con acciones descoordinadas de diversas instituciones, como el Programa de Sexualidad y Afectividad del MEP, el proyecto Mesoamericano de prevención del embarazo adolescente, el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente y la ley contra las uniones impropias. Sin embargo, al ser descoordinadas, su impacto no se mantiene en el tiempo, lo que aumenta el riesgo de retroceso.
Más que nunca, es necesaria una sinergia entre las instituciones para luchar por el bienestar integral de niños y adolescentes, especialmente en las poblaciones vulnerables. Urgen políticas que ataquen la evasión y la elusión fiscal, estrategias para detener la exclusión escolar, la reactivación del Programa de Atención Integral a Adolescentes de la CCSS, un papel más activo del PANI y del Consejo de la Niñez y Adolescencia, así como el involucramiento de las municipalidades.
La historia nos enseña que Costa Rica fue un país de oportunidades para sus ciudadanos. No podemos tirar a la basura el modelo de equidad con libertad por el que apostamos, como ha ocurrido en las últimas décadas.
Alberto Morales Bejarano es pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
