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Solo diez empresas, universidades y centros de investigación pueden publicar sondeos de intención de voto durante lo que resta de la campaña electoral. La ley prohíbe que personas y empresas no autorizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) divulguen este tipo de estudios. Quien incumpla esa norma se expone a recibir una multa de entre ¢4,6 millones y ¢23 millones.
Esta regla aplica, incluso a los electores, quienes deben abstenerse de divulgar encuestas sin permiso en sus redes sociales.
En la cuarta entrega del especial #NoComaCuento en Elecciones, Andrei Cambronero, letrado del TSE, explica qué deben evitar hacer los electores en redes sociales para no infringir la normativa electoral. Además, detalla cómo supervisa el TSE a las firmas encuestadoras y cómo se puede detectar un sondeo falso.
Puede escuchar los demás episodios del especial, aquí:
