No es cierto que el Estado vaya a poner sus propiedades como garantía para obtener financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), como afirma un audio que se difunde en redes sociales.

En la grabación se escucha la voz de un hombre, quien afirma que este martes 17 de noviembre llegarían al país representantes del organismo internacional.

Esta persona también afirma que el presidente de la República, Carlos Alvarado, recibió un soborno de $500 millones, que lo obliga a conseguir la aprobación de un empréstito con el Fondo.

Y añade: “Costa Rica queda prendado por la cantidad de plata que van a prestar. Si Costa Rica no paga la cantidad que a ellos les dé la gana, Costa Rica pierde las propiedades y se las heredan ellos y el pueblo costarricense pierde cualquier cosa”, dice.

La Casa Presidencial y el Banco Central (BCCR) indicaron a La Nación que las afirmaciones de la grabación son falsas.

En primer lugar, el martes 17 de noviembre no llegó ninguna delegación del FMI y, en segundo lugar, el Gobierno tampoco tiene previstas visitas del organismo.

“Es falsa cualquier aseveración que indique que se pondrán en garantía propiedades del Estado para obtener financiamiento con ningún organismo internacional”, indicó el Ministerio de Comunicación.

“Este tipo de páginas atentan contra nuestro Estado de derecho y contra el derecho de recibir información veraz y oportuna”, añadió la Presidencia.

Tampoco es cierto que el mandatario haya recibido $500 millones para repartir en sobornos.

Lo que el Fondo sí se otorgó al país, en marzo pasado, fue un préstamo distinto de $521 millones, para que el país atendiera una “necesidad urgente de balanza de pagos” al inicio de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, indicó que los créditos del FMI no operan con propiedades de los Estados como garantías.

En agosto, Costa Rica empezó a gestionar un crédito de $1.750 millones que se usaría para aliviar las finanzas públicas.

Los recursos se obtendrían por medio de un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de financiamiento a largo plazo que el FMI le puede conceder a países que experimentan dificultades económicas, a cambio de que estos implementen reformas estructurales para corregir su situación.

En el caso de Costa Rica, el compromiso es bajar la deuda pública del 70% al 50% del producto interno bruto (PIB). Además, generar un superávit primario (más ingresos públicos que gastos, sin contar el pago de intereses) del 2,2% de la producción para el año 2024.

En este momento, el Poder Ejecutivo procura llegar a acuerdos con representantes de distintos sectores del país sobre las medidas de aumento en ingresos, recorte de gastos y venta de activos que se propondrán para alcanzar dichas metas.

Costa Rica no pondrá sus propiedades como garantía de pago del préstamo, pero el Fondo Monetario sí se asegurará de que el país podrá honrar la deuda .

En su sitio web, el organismo financiero indica que “la prevención es el arma principal” para proteger sus recursos y evitar que los deudores caigan en mora.

Antes de otorgarle un préstamo a un país, el Fondo hace una “evaluación de salvaguardias”, la cual consiste en un diagnóstico sobre la gestión y los controles de un banco central.

De acuerdo con el organismo, se examinan cinco áreas: auditoría externa de los informes financieros del banco central, estructura y autonomía del banco, transparencia en la contabilidad, eficacia de la gestión de riesgos y el sistema de controles internos.

Cubero señaló que esos mismos criterios se aplicarán a Costa Rica.

“De los diferentes mecanismos de garantía y salvaguarda, el más importante es el que tiene que ver con la condicionalidad sobre las políticas macroeconómicas”, afirmó el jerarca del Central.

Es decir, que se evaluará si las metas y mecanismos que presente el país aseguran la recuperación de la economía y, por lo tanto, la capacidad de repagarle al Fondo. El organismo, además, supervisa la ejecución de sus préstamos.

“Existe también una costumbre internacional según la cual el FMI tiene un estatus de acreedor preferente; esto es, en caso de incapacidad de hacer frente a los pagos de todas sus deudas, en general los países prefieren mantenerse al día con el FMI”, añadió Cubero.

Pero siempre existe la posibilidad de que un país se atrase. ¿Qué pasa en esos casos? El Fondo indica en su página que puede imponer una serie de sanciones a los países que no pagan y tampoco cooperan para encontrar una solución a los atrasos.

Las medidas se endurecen conforme transcurran dos semanas, un mes, dos meses, seis meses, un año y más de un año.

Empiezan con llamadas de atención, ascienden con limitaciones para el uso de los recursos del Fondo y culminan con la inhabilitación y expulsión del país de la organización.

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