Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) negaron tener alguna relación con grupos que, supuestamente, planean tomar acciones legales contra el Gobierno por declarar la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 para los funcionarios públicos.

Así lo declararon las ocho juezas propietarias de la Corte Suprema de Justicia y las dos magistradas electorales, en respuesta a una publicación de un blog que afirma que dos altas juezas brindan su apoyo en gestiones para llevar a las autoridades ante los tribunales.

Tales afirmaciones las hizo la página Patricio Villeda, el 28 de setiembre.

“Nosotros HOY MISMO nos reuniremos de emergencia con nuestro equipo de abogados (donde figuran dos magistradas de la República) para orientar el 100% de los recursos en agotar la vía legal, puesto que ya la consulta a sala constitucional está agotada”, publicó la plataforma de desinformación en un mensaje que replicó también en su canal de Telegram.

Patricio Villeda no especificó cuáles son las dos juezas que supuestamente integran su equipo de asesores. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el TSE —las dos instituciones cuyos jerarcas tienen el título de magistrados—, indicaron a La Nación que es falso que alguna alta jueza esté involucrada en las supuestas gestiones.

“Las magistradas manifiestan no conocer a la persona que hace referencia en su consulta”, indicó la oficina de prensa del Poder Judicial. La institución señaló, además, que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe que los magistrados brinden cualquier tipo de servicio de asesoría a terceros, de forma remunerada o no.

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La autoridad electoral respondió de la misma forma.

“No, no hay ninguna magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones que esté involucrada en ningún equipo jurídico relacionado con la impugnación de la vacunación obligatoria”, declaró Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE.

Las magistradas propietarias del Poder Judicial son Iris Rocío Rojas Aguilar y Damaris Vargas Vásquez, en la Sala Primera; Julia Varela Araya y Roxana Chacón Artavia, en la Sala Segunda; Patricia Solano Castro y Sandra Zúñiga Morales, en la Sala Tercera; y Nancy Hernández López y Anamari Garro, en la Sala Constitucional.

Las magistradas electorales son Eugenia María Zamora Chavarría y Luz De Los Ángeles Retana Chinchilla.

La Sala Constitucional ya confirmó que la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19, declarada por las autoridades sanitarias para los funcionarios del Estado, se apega a los principios de la Constitución Política.

Los magistrados declararon que la directriz responde al deber del Estado de proteger el derecho a la salud de todos los habitantes y, a la vez, a la obligación de resguardar la salud pública y prevenir la propagación de enfermedades.

Dichos objetivos, según la Sala, constituyen “un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”.

Fuentes consultadas:

-Tribunal Supremo de Elecciones, oficina de prensa

-Poder Judicial, departamento de prensa

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