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La Sala Constitucional admitió para estudio un segundo recurso de habeas corpus contra la Dirección General de Migración y Extranjería y su director, Omer Badilla, por la detención de migrantes asiáticos deportados por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica. Estas personas permanecen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) Sur.
Según confirmó el área de prensa de la Sala Constitucional, el recurso fue interpuesto por una persona de apellido Segura Picado, quien alega que los migrantes, incluidos menores de edad, están privados de libertad de facto, sin una base legal que justifique la restricción de su tránsito. Esta afirmación se sustenta en reportes de la Defensoría de los Habitantes.
El recurso, tramitado bajo el expediente 25-008039-0007-CO, solicita que la Sala ordene a las autoridades garantizar la libertad de circulación de los migrantes, permitiéndoles ingresar y salir del Catem sin restricciones, sin que esto afecte su alimentación y alojamiento.
Además, exige que se respete su derecho a la libertad de expresión, para que puedan comunicarse con quienes deseen.
Antes de resolver por el fondo, la Sala Constitucional ordenó a esas autoridades entregar un informe sobre la situación jurídica de los deportados; en línea con la presentación la semana anterior de un primer recurso por este tema.
El martes anterior, Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís, presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra Migración y Extranjería y contra Badilla por la detención de los migrantes, según confirmó también la Sala. Ese expediente se tramita bajo el número 25-006713-0007-CO.
En febrero de 2025, Costa Rica aceptó recibir a 200 extranjeros deportados desde Estados Unidos. En su recurso, Herrera Ulloa argumentó que el gobierno de Rodrigo Chaves accedió a esta medida sin tomar en cuenta la voluntad de los afectados.
Al igual que en el nuevo habeas corpus, el exministro denunció que los migrantes viven en Costa Rica privados de libertad y bajo vigilancia permanente de oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública, pese a no haber cometido ningún delito ni infringido la legislación migratoria.
Por esta razón, solicitó a la Sala la liberación inmediata de los migrantes y la garantía de sus derechos humanos.
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