EscucharEl Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ya analiza una nueva extensión en el plazo del permiso de operación en precario, mediante el cual la empresa alemana Dekra brinda el servicio de revisión técnica en el país.
La prórroga es necesaria para completar la adjudicación en firme y asignación de las estaciones, de las dos empresas que completaron el proceso de preselección.
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El asesor jurídico del Cosevi, Carlos Rivas, aseguró que aún no se ha dejado en firme la nueva fecha en que Dekra deberá finalizar su operación, aunque de manera extraoficial han estimado que podría ser hasta enero o febrero del próximo año.
Durante ese período, además de completar la adjudicación de los nuevos operadores, se debe llevar adelante el proceso de transición que incluye la transferencia de datos y equipos, a fin de que el servicio no sufra afectaciones como ocurrió durante el paso de Riteve a Dekra en el 2022, cuando incluso fue necesario establecer prórrogas para los propietarios de vehículos que no pudieron cumplir con el requisito de la inspección técnica.
El proceso de selección de los nuevos operadores ha sufrido múltiples atrasos, debido a que tras quedar excluida de la primera fase de precalificación, el actual operador ha presentado varios recursos de apelación. El más reciente, fue declarado sin lugar por la Contraloría General de la República el pasado jueves 3 de abril.
Posterior a esa decisión, la empresa presentó un recurso de adición y aclaración a la resolución de la Contraloría. Ese ente informó que ese recurso no cambia la decisión final y que el plazo para responder vence este 23 de abril. Adicionalmente la compañía alemana anunció que habían iniciado “procedimientos legales ante los tribunales costarricenses”.
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El permiso mediante el cual opera Dekra, vencía originalmente en octubre del año pasado, pues se había designado por dos años. Debido a que para ese momento no se había logrado completar la nueva adjudicación, se le extendió una prórroga hasta el 27 de julio de este año, sin embargo, desde inicios de año ya se había previsto que sería necesario ampliar el plazo.
Dos operadores en 19 estaciones
En enero anterior, el Cosevi recibió la recomendación de la Comisión Evaluadora que confirmaba la idoneidad del consorcio alemán TÜV Rheinland y de Applus CR (donde participa Riteve) y dejaba fuera a Dekra (una vez más). Esta empresa había quedado fuera del proceso desde la etapa de precalificación en diciembre del 2023, pues se determinó que no cumplía con todos los requisitos financieros.
La firmeza del acto acordado en enero de este año había quedado en suspenso debido a que el actual prestatario acudió una vez más la CGR, para reclamar por el cumplimiento de requisitos para la precalificación por parte de la firma TÜV Rheinland, pues alegaba que esa empresa presentó documentos fuera del plazo de ley y se le estaba otorgando “una ventaja indebida”.
Este martes, Rivas aseguró que no hay un plazo estimado para completar los siguientes pasos dentro del proceso, los cuales contemplan la adjudicación y asignación de las zonas en donde operará cada empresa. Sin embargo, según las estimaciones del Cosevi, el cambio de operadores llegaría en el primer trimestre del próximo año.
Los nuevos operadores brindarán el servicio en las 13 estaciones fijas existentes, pero además deberán construir 6 nuevas sedes. Las nuevas estaciones fijas se ubicarían en Santa Ana o Mora y Tarrazú, en San José; San Ramón y Guatuso, en Alajuela; así como en Corredores y Parrita, en Puntarenas. Además, las empresas deberán disponer de tres sedes móviles en el Pacífico sur, la zona norte y Turrialba. En total se dispondría de 19 estaciones fijas y tres móviles.
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El cartel de licitación para este proceso dividió el país en dos zonas, en las que se repartió equitativamente los cantones con mayor demanda para cada región, de manera que a ambas empresas le corresponderá brindar el servicio tanto en estaciones de la Gran Área Metropolitana (GAM) como de las zonas rurales o costeras.
La asignación de cada región se hará de acuerdo a los puntajes que obtengan cada una de las compañías, de acuerdo a las tarifas que ofrezcan.
Otra de las particularidades del futuro servicio es que las empresas pueden brindar tarifas diferenciadas, siempre dentro de las bandas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Por ejemplo, Applus podría determinar una tarifa en una estación en San José, distinta a las que brindará Tüv en esa misma provincia, para que así los usuarios puedan decidir adónde acudir. Además, las empresas también podrían cobrar distinto entre las estaciones que operan dentro y fuera de la GAM.
Según las bandas tarifarias aprobadas por la Aresep, el monto más bajo a cobrar por el servicio de inspección para vehículos livianos es de ¢4.898 y el máximo para esa misma categoría es de ¢5.794. Las operadoras deberán establecer sus tarifas dentro de esos montos y deben comunicarlas a la Aresep.
