EscucharCarlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), solicitó este viernes suspender la publicación de los nuevos salarios que él aprobó para 22 puestos de confianza de la Rectoría.
Luego de las críticas que surgieron en la comunidad universitaria, el rector pidió a La Gaceta Universitaria detener la publicación de su resolución “hasta tanto se analicen escenarios alternativos que permitan solventar la problemática que se genera para el nombramiento de las personas que asumen jefaturas de oficina y otros cargos”.
Los sueldos que Araya había aprobado son los siguientes:
- ¢4.078.421 para 16 directores de oficina. Este sueldo se homologa con el salario de un director de una escuela.
- De ¢4.078.421 para dos directores de vicerrectoría: Gestión de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría Acción Social. Este se homologa con el salario de la Dirección de Unidad Académica de Investigación
- De ¢3.625.263 para los dos puestos de Coordinación Unidad de Equidad y Género y Coordinación del Observatorio de Datos. Este se homologa con el sueldo de Coordinación General de Sede.
- De ¢3.398.684 para cuatro puestos de Asesorías Académicas de Rectoría y Direcciones Académicas de Vicerrectoría de Acción Social. Esta remuneración se homologa con la de la Dirección de Departamento o Dirección de Programa de Posgrado.
Tal y como informó La Nación, luego de un mes y medio en sus funciones, Carlos Araya Leandro emitió la resolución R-75-2025 en la que aprobó un nuevo esquema de salarios para jefaturas administrativas. Estos son cargos que que él designa porque se trata de puestos de confianza de la Rectoría.
Las remuneraciones corresponden a las directores de gestión de vicerrectorías, jefaturas de oficinas administrativas y coordinación o dirección de unidades especiales.
Para suspender la resolución, el rector dirigió el documento R-1429-2025, a Ana Patricia Fumero Vargas, directora del Consejo Universitario. En el escrito, advirtió de que los nuevos sueldos no entrarían en vigor sino hasta tanto sean publicados.
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La justificación de Araya y las críticas hacia su decisión
En el documento, el rector señala que le corresponde gestionar la primera administración universitaria que se enfrenta a “la disyuntiva generada en el proceso de transición entre el esquema de salario compuesto y el global”, que impone diferencias entre los salarios definidos en el reglamento de Régimen Salarial Académico (RSA) y la escala de salario global administrativo.
Según dijo, esto complica atraer personal docente con competencias idóneas para dirigir oficinas coadyuvantes a la gestión académica.
Araya reiteró que, con la resolución R-75-2025, se intentaba homologar salarios de puestos con alta complejidad y de origen administrativo con sus posibles equivalencias en la escala definida en el RSA.
“Esto permite fijar topes salariales máximos, garantizar la disposición de personal calificado y eliminar cualquier tipo inequidad salarial entre personas funcionarias que provienen del sector académico o administrativo”, señaló.
Tras la resolución, se difundió una carta digital en la que miembros de la comunidad universitaria señalaron su preocupación por la nueva escala salarial para cargos designados por la rectoría, bajo el argumento de que está fundamentaba “en una débil justificación jurídica, técnica y financiera”.
En la misiva solicitaron la derogación inmediata de la resolución R-75-2025 y la anulación de sus efectos.
“Instamos a que, en adelante, se abstenga de emitir disposiciones sin el debido sustento legal, técnico y financiero, ni el cumplimiento de los procedimientos institucionales correspondientes”, dice el documento digital que está abierto para recibir firmas, pero no que tiene la firma de ninguna persona aún.
