EscucharUn proyecto de ley que tramita la Asamblea permitiría al Ministerio de Trabajo (MTSS) multar patronos sin necesidad de que el caso pase por manos de un juez. Únicamente, se necesitaría el visto bueno del jefe regional de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo para imponer sanciones hasta de ¢10,6 millones, lo cual convierte a MTSS en juez y parte.
Además, se introduciría una nueva causal para que el MTSS cierre negocios por 15 días: el impago de salarios mínimos.
El plan reformaría las atribuciones de la Inspección del Trabajo, de manera que los inspectores del Poder Ejecutivo puedan imponer sanciones económicas si concluyen que un patrono incumple derechos laborales. Las multas van desde los ¢462.000 (un salario base) hasta los ¢10,6 millones (23 salarios base).
Esos montos son los mismos que están establecidos en el Código de Trabajo. En este caso, el proyecto de ley únicamente tipifica las causales de dichas sanciones según su gravedad.
La iniciativa la impulsa el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, y lleva las firmas de 12 legisladores de diferentes partidos. Se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Experta: ‘Es una policía laboral’
Para la abogada laboralista Paola Gutiérrez, el Ministerio de Trabajo sería juez y parte.
“Para mí, no es la vía correcta. Lo que nosotros tenemos en cuanto a procedimiento judicial para sancionar eventualmente a los patronos es la vía correcta. Aquí se le está dando la labor de policía laboral al inspector y hay una dosis bien sustanciosa de autoridad represiva por parte del inspector. Además, genera cierto grado de preocupación el hecho de que el ministerio va a inspeccionar, a resolver, a sancionar y a cobrar. Es juez y parte”.
“A veces cuando se habla del cumplimiento del salario mínimo, se cree que es verificar que se cumpla con el salario mínimo solo del trabajador no calificado y ya, pero es mucho más complejo, porque nuestro sistema tiene diferentes escalas y calificaciones; está el trabajador no calificado, el especializado, el semicalificado, el calificado, el diplomado, el técnico, entre otros.
“En el caso de la secretaria, que es un ejemplo que siempre pongo. En la lista que presenta el Ministerio de Trabajo hay diferentes salarios mínimos para ese puesto. Entonces, no es tan sencillo y requiere de un análisis de fondo que, incluso en los tribunales, es muy complejo. Darle esas potestades al inspector puede resultar muy perjudicial”, afirmó Gutiérrez.
Según el proyecto, los inspectores realizarían la investigación en las empresas y, de encontrar incumplimientos, levantarían un acta preventiva para el patrono, como sucede actualmente, indicando el plazo para corregir los hechos según su gravedad. Luego, la reforma modificaría lo que sucede después de esa etapa, en caso de que el patrono rechace los cargos.
Actualmente, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo debe presentar la denuncia, con el acta respectiva, ante el Juzgado de Trabajo para que este establezca si amerita una multa. No obstante, de aprobarse este proyecto, sería la misma Inspección del Ministerio de Trabajo la que emitiría la sanción.
Del debido proceso estarían a cargo las jefaturas regionales de la Inspección del Trabajo, las cuales emitirían una resolución fundamentada y otorgarían al patrono un plazo de 15 días hábiles para presentar su descargo.
Valorada la prueba, la jefatura emitiría una resolución final en 15 días hábiles para comunicar al patrón eventuales sanciones por infracción al Código de Trabajo.
El patrono podrá apelar la resolución en tres días hábiles ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, la cual deberá pronunciarse en 15 días, con lo cual se dará por agotada la vía administrativa.
Actualmente, los inspectores pueden aplicar cierres sin orden judicial por la ausencia de pólizas de riesgos del trabajo, por ejemplo. El proyecto agregaría el impago de salarios mínimos como una causal más para ello.
La iniciativa también facultaría al MTSS a publicar un padrón digital de patronos reincidentes en incumplimientos a las leyes laborales, el cual tendría una vigencia de un año.
Villalta: ‘El sistema actual es inoperante’
En contraparte, José María Villalta alegó que no existe problema con que la Inspección del Trabajo concentre esas potestades, porque siempre está la posibilidad de que patronos y trabajadores acudan a la vía judicial cuando se acabe el proceso administrativo.
“El sistema que tenemos ahora es como que un oficial de Tránsito que detiene a alguien borracho no lo pueda detener, sino que tiene que ir a denunciarlo. Entonces, ¿para qué si estaría pintado en la pared?”, afirmó el diputado.
“Con el proceso actual, un inspector puede llegar a una finca piñera, por ejemplo, encontrar que hay trabajo esclavo, exposición a agroquímicos, trabajo infantil, cosas graves. Y Trabajo no puede ordenarle al patrono que cumpla; tiene que hacer todo un informe y, después de todo el informe, lo eleva al Juzgado de Trabajo para que, en un juicio que puede durar dos años, el tribunal decida poner una multa.
“El actual es un sistema inoperante que debe de cambiar”, afirmó Villalta.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expuso su preocupación sobre el plan.
“Tenemos que recuperar el norte y el dinamismo productivo. Estamos en un letargo y no es de recibo que, en lugar de promover la investigación local y extranjera, se le pongan más trabas a un sector empresarial que le urge respirar en beneficio de los costarricenses”, manifestó el presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Propone negociar
Según el diputado frenteamplista, él agregó en el proyecto la potestad para ordenar el cierre de centros de trabajo por incumplimiento del salario mínimo por considerar que es una falta muy grave al Código de Trabajo y porque así lo consideraron los diputados de la Asamblea anterior que analizaron, pero está dispuesto a negociar.
“Si los diputados consideran que esa medida no se debe aplicar, yo no tengo objeción porque creo que lo más importante es lo otro”.
Al legislador se le consultó qué sucedería con las actividades económicas y los salarios del resto de trabajadores en caso de un cierre.
“La potestad del cierre de negocios está establecida en la Ley. El proyecto lo que plantea es que, en caso de salario mínimo, también se pueda usar esa herramienta, pero yo me conformo con que el Ministerio de Trabajo pueda regular el cumplimiento del salario mínimo, pero no es un tema prioritario el cierre”, afirmó Villalta.
“No creo que ese sea el corazón del proyecto. Me parece que incluso es un tema que se puede revisar y modificar. Lo más importante es que los inspectores puedan dar órdenes de cumplimiento y hacer que se respete la legislación laboral sin tener que ir a procesos engorrosos que pueden durar dos o tres años sin poder hacer cumplir la legislación”, afirmó Villalta.
Criterio de Procuraduría
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos solicitaron una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la viabilidad jurídica del proyecto, que en el pasado fue impulsado sin éxito por Sandra Piszk, entonces diputada liberacionista (2014-2018) y exministra de Trabajo (2010-2012).
La Procuraduría les contestó a los legisladores que “la posibilidad de imponer sanciones administrativas es una novedad que, por demás, también resulta congruente con lo dispuesto en los citados convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Por otra parte, la Uccaep también reclamó que la propuesta “permitiría que los inspectores de trabajo tengan libre acceso a las empresas sin previa autorización de un juez para acceder a información confidencial”.
No obstante, la ley vigente ofrece esas potestades al MTSS en el artículo 89, el cual permite a esa dependencia visitar lugares de trabajo a cualquier hora, revisar planillas, contabilidad y medios de pago, Incluso, en casos especiales, puede requerir apoyo de la Policía.
