El proyecto promovido por José María Villalta desecha la obligación de acudir al juez y asigna a la inspección de trabajo la facultad de imponer la sanción, convirtiéndola en juez y parte
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Únicamente, se necesitaría el visto bueno del jefe regional de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo para imponer sanciones hasta de ¢10,6 millones.
La Uccaep expuso su preocupación por dos proyectos de ley, uno relacionado con la Inspección Laboral y otro con la nacionalización de mercancías importadas.