EscucharLa Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, de forma unánime, el proyecto de ley que reforma el Código Penal para agravar las sanciones por amenazas con armas de fuego a civiles y funcionarios públicos.
El proyecto introduce una pena de entre uno a tres años de prisión para quien amenace a una persona con un arma de fuego. En el caso de que el afectado sea un funcionario público, la sanción aumenta a entre dos y cuatro años de prisión.
También plantea prisión de entre seis meses a un año para quien utilice amenazas injustas y graves para alarmar o intimidar a una persona.
Si las amenazas se cometen con un arma de fuego, por dos o más personas reunidas, o si son anónimas o simbólicas, la pena será de uno a tres años de prisión.
Actualmente, el artículo 140 del Código Penal establece una pena de prisión de dos meses a seis meses para quien agreda a otro con cualquier arma u objeto contundente, incluso si no causa herida, o para quien amenace con un arma de fuego.
Si se presentan circunstancias similares a las del homicidio calificado o si el agresor actúa en estado de emoción violenta, la pena podrá aumentar o disminuir en un tercio, según lo determine el juez.
En tanto, el artículo 195 del Código Penal establece una sanción de 15 a 60 días de prisión o de 10 a 60 días de multa a quienes utilicen amenazas injustas y graves, especialmente si son cometidas con armas de fuego, por dos o más personas, o si las amenazas son anónimas o simbólicas.
Por su parte, el numeral 316 actualmente establece penas de uno a dos años de prisión para quienes amenacen a un funcionario público a causa de sus funciones.
La necesidad de esta reforma se hizo evidente tras un incidente ocurrido en diciembre del año pasado, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron amenazados por hombres armados en plena vía pública en Linda Vista de Río Azul, en La Unión de Cartago, según indica el texto de María Marta Carballo, jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la proponente.
Los sujetos portaban armas de grueso calibre, cuyo uso está prohibido para civiles. Fueron detenidos el 27 de diciembre pero el 29 quedaron en libertad con medidas cautelares como presentarse a firmar cada 15 días. El Juzgado alegó que, pese a que existe un video en el que se ve a los imputados apuntar a los oficiales, no existe evidencia de que las armas sean reales, pues no se hallaron en los allanamientos realizados para su captura. “Procesalmente se requiere de indicios directos de que las armas son reales”, comentaron.
El proyecto busca reforzar la protección tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos, frente a la creciente violencia con armas de fuego en el país. La diputada Carballo resaltó que su propuesta forma parte de una agenda de seguridad de su gestión con el objetivo de enfrentar la criminalidad.
El dictamen afirmativo fue aprobado por seis legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA), Nueva República (PNR) y Progreso Social Democrático (PPSD), así como la independiente Gloria Navas.
El proyecto pasará al plenario legislativo, donde deberá recibir el primero de dos días d emociones de ajustes que luego serán discutidos en comisión.
