EscucharEl Ministerio Público investiga a seis particulares por presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña electoral del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Entre figuran tres empresarios y un directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A ellos los indaga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en un expediente aparte del que lleva la Fiscalía General, en el cual están incluidos cuatro miembros de supremos poderes.
Los particulares son los empresarios Jack Loeb Casanova, Calixto Chaves Zamora y Erick Quesada Gutiérrez. El directivo de la CCSS es Adrián Torrealba Navas, representante de los empresarios en la Junta Directiva de la institución y abogado de profesión.
La lista la completan Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves en campaña e hija del diputado Waldo Agüero; y Carlos Vásquez Landergreen, exasesor del hoy mandatario y primer director de operaciones de Costa Rica Próspera, movimiento que impulsó la candidatura del hoy mandatario, quien se postuló por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El Ministerio Público precisó que investiga presuntos delitos sobre contribuciones privadas y financiamiento de partidos políticos, de acuerdo con las reglas del Código Electoral. El expediente es el 22-000210-0276-PE.
Jack Loeb firmó, junto con Rodrigo Chaves, la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera, figura que captó donaciones privadas y pagó gastos electorales al margen de las cuentas del PPSD.
El Ministerio Público indaga si ese fideicomiso constituyó una estructura paralela de financiamiento, que habría operado fuera de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Loeb aportó recursos al fideicomiso y, además, la Fiscalía investiga si también giró al menos $195.000 a las cuentas de Sofía Agüero para cubrir gastos electorales mediante una aparente segunda estructura paralela.
El pasado 15 de agosto, Loeb se abstuvo de declarar sobre estos asuntos en la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa. Agüero aún tiene pendiente una comparecencia ante ese foro.
Por su parte, Erick Quesada Gutiérrez fue el mayor financista de la campaña de Chaves mediante la compra de bonos de deuda política. Él aportó ¢100 millones, pero recibió bonos por ¢167 millones gracias a que el partido le dio un descuento del 40%. Esto le permitió obtener una ganancia de ¢67 millones.
El TSE le pidió a este empresario demostrar su solvencia económica. En marzo del 2022, él aparecía moroso con el Ministerio de Hacienda y la CCSS.
Quesada dijo a los diputados que su patrimonio venía de negocios propios, relacionados con los bienes raíces y de una herencia que recibió de su papá, superior al $1 millón. Agregó que la compra de bonos del PPSD la hizo mediante el hoy vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y que es posible que el contacto se lo diera Calixto Chaves.
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Chaves Zamora fue director de campaña de Progreso Social Democrático.
En un audio que Brunner envió a Rodrigo Chaves en campaña, en marzo del 2022, el hoy vicepresidente dijo que había un conflicto interno porque el empresario Bernal Jiménez exigía que sus aportes se reportaran como donaciones, no como compra de bonos, pero que Calixto Chaves se oponía “rotundamente” y decía que “se vaya para el diablo”.
La Nación envió mensajes tanto a Quesada como a Chaves en procura de una reacción. Anoche, Quesada respondió diciendo: “Yo me apersoné a la Fiscalía, y hay una investigación en curso. Por recomendación de mis abogados, no puedo contestar ninguna de sus preguntas. Después de que pase esta investigación, podemos tener una reunión”. En cuanto a Chaves, al cierre de esta publicación, no hubo respuesta.
Adrián Torrealba, abogado y directivo de la CCSS, realizó una donación por $5.000 desde una cuenta bancaria al fideicomiso Costa Rica Próspera, el 26 de mayo de 2021. Además, se atribuyó otras dos transferencias, a nombre del bufete Facio y Cañas, que él preside, por un total de $10.000. Esas transacciones tienen fecha del 17 de marzo y 26 de abril del 2021.
Torrealba aseguró que ya le han preguntado muchas veces respecto a su participación en el caso, y que aún no le han notificado nada desde el Ministerio Público.
“Mi contribución al fideicomiso fue por $15.000 en enero y marzo del 2021. No había partido, ni candidato, ni campaña y lo hice con base en un oficio del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no tuve participación alguna en el manejo de los fondos del fideicomiso, ni participé de la campaña”, alegó.
Torrealba apuntó que su aporte fue a título personal, que manejaba a través de una subcuenta, dentro de una cuenta a nombre del bufete Facio & Cañas. “Eran mis fondos personales”, indicó. Dijo haber aportado una prueba contable a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía.
“Me reintegraron ¢900.000 meses después, con la explicación de ATA Trust de que ya iba a empezar campaña y el financiamiento debía hacerse a través del partido Progreso Social Democrático”, agregó el abogado, quien enfatizó que no fue miembro del PPSD ni aportó dinero a la campaña electoral de esa agrupación.
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En el caso de Carlos Vásquez Landergreen, él fue el primer director de Operaciones del movimiento político Costa Rica Próspera. En marzo pasado, él sostuvo, ante los diputados, que ese fue un grupo de pensamiento político que buscaba una coalición partidaria para el 2022 y que terminó impulsando a Chaves.
Alonso Vargas Araya, representante legal de la firma fiduciaria ATA Trust Company, identificó a Rodrigo Chaves Robles, a Jack Loeb Casanova y a Carlos Vásquez Landergreen como las personas que giraban instrucciones sobre los gastos del fideicomiso.
Este último dijo que él se retiró de esa labor a mediados de junio del 2021.
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A Vásquez Landergreen se le enviaron consultas por WhatsApp, pero después de que recibió (con doble check azul) el mensaje donde se le indicaba qué medio le consultaba, los otros dos mensajes con las consultas no tuvieron confirmación de que él los hubiera abierto.
Tampoco contestó las llamadas telefónicas que se le hicieron para pedirle una declaración respecto de la investigación judicial por el financiamiento de la campaña de Chaves.
En cuanto a los miembros de supremos poderes, el fiscal general, Carlo Díaz, investiga en un expediente aparte a Chaves, el canciller Arnoldo André y los diputados Luz Mary Alpízar (presidenta del PPSD) y Waldo Agüero.
