EscucharLa Fiscalía General investiga a la diputada oficialista Pilar Cisneros por un presunto delito de incumplimiento de deberes, al formar parte de la comisión legislativa que investiga las finanzas de los partidos políticos en la pasada campaña electoral.
“Se denunció el supuesto incumplimiento del deber de abstenerse, por un conflicto de intereses, de participar en la comisión legislativa”, confirmó a La Nación la oficina de prensa del Ministerio Público, la tarde de este viernes, luego de que el medio digital CRHoy diera a conocer la causa, la cual se tramita bajo el expediente n.° 22-000078-0033-PE.
Dicha dependencia precisó que esa es “toda la información con la que se cuenta” y que no podía brindar más detalles sobre el caso.
Varios diputados de oposición le cuestionan a Cisneros que sea juez y parte en ese foro legislativo, por al menos dos razones. Primero, porque ella es una de las demandadas en un proceso civil que interpuso la agencia de publicidad Madison Revolution S. A., por el no pago de $114.402 por productos elaborados para la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Dicha compañía es una de las que recibieron pagos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera y del banquero Jack Loeb Casanova, los cuales están siendo investigados en el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por la aparente existencia de una estructura paralela de financiamiento al margen de las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), lo cual es penado por el Código Electoral.
Segundo, porque Alberto Vargas Zúñiga, quien está detrás del personaje ficticio Piero Calandrelli, señaló a la jefa de fracción del PPSD como una de las autoras intelectuales de los trabajos que él realizaba para atacar a periodistas y a diputados, o para hablar en favor del presidente Chaves y de un partido nuevo afín a él.
Consultada por este diario, Pilar Cisneros dijo que no ha sido notificada, pero que en todo caso no ve ningún conflicto de intereses: “Yo sigo adelante y con la frente muy en alto y la conciencia muy tranquila”, escribió en un mensaje de WhatsApp.
Por incurrir en un incumplimiento de deberes, el Código Penal, en su artículo 339, establece una pena de uno a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos “al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
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Interrogatorio a demandantes
La noche del jueves, comparecieron ante la comisión en cuestión tres representantes de la empresa Madison Revolution, quienes demandaron en la vía civil a Cisneros, Jack Loeb, Rodrigo Chaves y Luz Mary Alpízar, diputada y presidenta del PPSD. La primera, haciendo uso de su investidura parlamentaria, aprovechó para interrogarlos bajo juramento.
En específico, les preguntó sobre el papel que ella había tenido en el ligamen contractual entre la empresa y la campaña. Por ejemplo, les consultó si ella había firmado algún contrato, si era la encargada de aprobar servicios o de negociar pagos y costos. Todas las respuestas fueron negativas.
Posteriormente, ante preguntas de otros diputados, los representantes de Madison, Javier Mora Rivas, Adriana Barrantes Sibaja y José Pablo Chaves Martínez, sí revelaron que era Cisneros quien definía y aprobaba la línea discursiva y narrativa de la campaña, y que incluso tenían correos electrónicos como prueba.
La apertura de la investigación en la Fiscalía a la oficialista generó este viernes diversos comentarios entre los legisladores que forman parte de la comisión investigadora.
Ariel Robles, representante del Frente Amplio, sostuvo que desde el principio varios congresistas habían advertido sobre esa situación, precisamente por el caso de la empresa Madison Revolution S. A., cuya demanda también va hacia Cisneros.
“Al estar ella como demandada no debió utilizar recursos que le permite la investidura de diputada para gestionar en su favor y acceder a información en su favor. Eso nos parece que entra en la lógica del conflicto de intereses y que debe ser investigado”, apuntó.
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Robles agregó que ya el tema dejaba mucho que desear, incluso antes de la polémica por la red de troles y, enfatizó que, si bien respeta la decisión de su colega diputada, esta situación la retrata de cuerpo entero en su práctica política.
“Respetando la división de poderes, si hay una causa abierta, donde la señora Cisneros o cualquier otro compañero esté involucrado, evidentemente podría generarse un conflicto de intereses”, comentó, por su parte, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La socialcristiana añadió que “todo habrá que tratarlo dentro del marco jurídico correspondiente”.
Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), aseguró: “En nuestro Estado de derecho, todos los habitantes pueden ser objeto de una investigación, y la investidura legislativa no exime de esa circunstancia.
“Por ello, si es que se percibe una zona gris en esto, es razonable que se investigue y se determine si hay o no conflicto de intereses. En un país republicano como el nuestro, lo esencial es que los poderes del Estado actúen con independencia”, aseveró.
Por último, Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), adujo que cada vez queda más en evidencia la participación de jefa del PPSD en una estructura paralela de financiamiento. Añadió que ella era un factor activo, que estaba consciente de lo que estaba sucediendo.
“A pesar de ese conflicto de intereses claro y evidente, que las audiencias ratifican, yo no estoy de acuerdo con que ella sea sacada de la comisión, salvo por orden judicial, porque le estaríamos dando el puente de plata que necesita para salirse de una comisión donde los comparecientes la señalan como partícipe”, apuntó el liberacionista.
