El Concejo Municipal de San José aprobó, con ocho votos a favor y tres en contra, la propuesta del alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, para eliminar 11 plazas de la Policía Municipal y transformar otras dos, con miras a conseguir ¢145 millones que le permitan pagar, durante un año, los salarios de la gerenta de Gestión Municipal, Jessica Martínez Porras, y la gerenta de Provisión de Servicios, Dahianna Marín Chacón.
Los únicos regidores que rechazaron la propuesta de Miranda fueron los del Partido Liberación Nacional, Iztarú Alfaro Guerrero, Alexander Cano Castro y Luis Murillo Cruz.
La ausencia de presupuesto para las dos altas funcionarias se debe a que la Contraloría General de la República improbó, desde el 20 de diciembre, el presupuesto, pues intentaron calificarlos como “servicios especiales”, sin cumplir con los requisitos de ley.
Ese tipo de cargos solo se permiten, según el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público, para labores extraordinarias, temporales o en casos de emergencia o fuerza mayor. Por lo tanto, al no cumplir los puestos de gerente del municipio con esas condiciones, la Contraloría rechazó la aprobación del presupuesto.
El salario de cada una de las gerentas es, según cifras oficiales, ¢4,3 millones mensuales, aproximadamente.
La aprobación del Concejo Municipal consiste en trasformar dos plazas de oficiales de seguridad en cargos de gerente de Gestión Municipal y gerente de Provisión de Servicios y, además, eliminar otras 11 plazas de guardas que pertenecían a personas que renunciaron, se pensionaron o fueron despedidas, y darle ese presupuesto al pago de las gerentas. De esas 13 plazas, ocho están en esa condición, de acuerdo con la Municipalidad de San José, desde el 2023 y el resto desde el 2024.
Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio, justificó su voto en positivo a que las plazas que se están tomando no corresponden a policías que patrullan en las calles, sino a guardas que vigilan instalaciones municipales.
Rodolfo Fonseca Pérez, director financiero de la Municipalidad de San José, afirmó en una entrevista realizada la semana anterior que el responsable de mantener trabajando a dos funcionarias ligadas a plazas sin contenido presupuestario es el alcalde, Diego Miranda Méndez.
“Para mí, el responsable es directamente el alcalde, porque él tiene conocimiento, desde el 20 de diciembre, de que no había contenido presupuestario para eso”, enfatizó Fonseca.
Juan Diego Gómez González, regidor del Partido Más San José, votó a favor de la modificación, pero lamentó no tener un criterio de la Dirección de la Policía Municipal de cara a tomar esta decisión.
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Gómez criticó que la Municipalidad de San José tenga, desde el 2023, hasta 13 plazas de guardas vacantes, pese a que esos puestos se pudieron transformar, desde tiempo atrás, en al menos seis plazas de policía y así reforzar la seguridad en las calles de la capital. En especial, añadió, porque la Policía Municipal tiene años de no crecer en cuanto a número de oficiales.
“En un momento en el que el problema de la criminalidad y la inseguridad es tan grande, creo que, al final, seis policías de esas 13 plazas es mejor que no crecer (...). Hago un llamado a la Administración a que determinemos cuál va a ser la visión en términos de seguridad, en crecimiento de la Policía Municipal y cómo vamos a abordar este tipo de temas”, recalcó Gómez.
Iztarú Alfaro Guerrero, regidora del PLN, calificó como “lamentable y vergonzoso” que el ayuntamiento empiece el año con este tipo de decisiones.
“Los comerciantes se están yendo de San José por la inseguridad; los turistas están sufriendo por bandas que les roban. Entonces, seis o siete policías más me parecen fundamental en comparación de dos gerencias que se pudieron prever de otra manera”, dijo Alfaro.
La Nación le envió, desde la semana pasada, varias consultas al alcalde de San José sobre este tema, pero a la fecha no ha dado respuesta.
No obstante, este martes, durante la sesión del Concejo Municipal, Miranda se quejó de la cobertura de este medio de comunicación y advirtió de que interpondrá quejas ante el Colegio de Periodistas.
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