EscucharMolesto por las publicaciones, denuncias y cuestionamientos relacionados con la improbación del presupuesto para pagar a dos gerentas municipales de su confianza, el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, lanzó ataques contra Vivian Garbanzo Navarro, jefa del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin aportar pruebas, el alcalde acusó a la funcionaria de ser parte de una “triangulación” entre la prensa y empleados municipales del área financiera “muy amigos” de ella para afectar su administración.
“El encuadre es el siguiente, el 20 de diciembre, una de las áreas gerenciales de la Contraloría General de la República, dirigida por doña Vivian Garbanzo, nos imprueba, en el último día laboral de la Municipalidad, dos de las plazas más importantes en términos de dirección de la gestión”, afirmó Miranda frente a los regidores durante la sesión del Concejo Municipal de este 14 de enero.
Se trata de las plazas de la gerenta de Gestión Municipal, Jessica Martínez Porras, y de la gerenta de Provisión de Servicios, Dahianna Marín Chacón, las cuales se quedaron sin contenido presupuestario debido a que la Municipalidad de San José intentó calificarlos como “servicios especiales”, sin cumplir con los requisitos de ley.
Según el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público, ese tipo de cargos solo se permiten para labores extraordinarias, temporales o en casos de emergencia o fuerza mayor. Por lo tanto, al no cumplir los puestos municipales con esas condiciones, la Contraloría rechazó la aprobación del presupuesto.
Esa situación provocó que, desde el 1.° de enero, el ayuntamiento no tuviera recursos para cancelar los salarios de aproximadamente ¢4,3 millones mensuales, cada uno, a Martínez y a Marín.
“Uno puede estar de acuerdo o no con esa interpretación de la Contraloría, yo estoy en contra, pero siguiendo la interpretación para poderle dar contenido económico, doña Vivian Garbanzo, que es muy amiga de algunos funcionarios dentro de la Municipalidad, específicamente de algunos funcionarios del área financiera... Diay, resulta que hace una interpretación, imprueba las plazas (de gerentes) y después llega a los funcionarios que tienen que elaborar el presupuesto”, comentó Miranda, de nuevo sin aportar pruebas del supuesto lazo de amistad que menciona.
De inmediato, Miranda agregó que los funcionarios encargados del presupuesto municipal tomaron el pronunciamiento de la Contraloría para afirmar que las plazas de gerentes dejaban de existir debido a la improbación.
“Vean cómo se va haciendo la triangulación”, declaró Miranda en esa misma sesión.
La Nación envió la mañana de este miércoles, varias consultas a Garbanzo, quien contestó, a través de la oficina de prensa, que “no tiene ningún vínculo de amistad ni familiar con ningún funcionario de la Municipalidad de San José ni de ningún otro gobierno local”.
“En todo caso, la señora Garbanzo no tiene ningún impedimento para analizar temas de los gobiernos locales del sector municipal, ya que cuenta con la preparación profesional y la experiencia para hacerlo”, recalcó la institución.
La CGR expresó que el alcalde de San José “intenta ejercer una presión inapropiada”.
Desde el 10 de enero, a través de la oficina de prensa, también se enviaron varias consultas a Miranda sobre este tema, las cuales no ha respondido. Este miércoles se reiteraron las preguntas a través de su asesora de comunicación.
Reclamos del alcalde Diego Miranda
En su intervención, Miranda expresó que sus manifestaciones no eran una crítica a la Contraloría General de la República. “Es una crítica a determinados funcionarios que actúan en cadena y que están siempre al servicio de ciertos intereses (...) Para quién trabajan estos funcionarios, para el país o para determinados políticos o para determinados sectores empresariales”.
No obstante, es un video divulgado por su oficina de prensa este miércoles 15 de enero indicó que la improbación presupuestaria fue una “afectación antojadiza” en el “último día hábil del año anterior”.
Además, en un comunicado de prensa, aseguró que le resulta “muy extraño” que la CGR aprobara, en los años 2022, 2023 y 2024, las mismas plazas de gerentes con las características planteadas para el 2025.
Para remediar este asunto, Miranda planteó quitarle 13 plazas a la Policía Municipal, correspondientes a puestos de guardas que están vacantes desde 2023, según expresaron sus asesores durante una sesión de la comisión municipal realizada el martes 14 de enero.
Esa propuesta fue aprobada por el Concejo con ocho votos a favor y tres en contra. Los únicos regidores que rechazaron la propuesta de Miranda fueron los del Partido Liberación Nacional, Iztarú Alfaro Guerrero, Alexander Cano Castro y Luis Murillo Cruz.
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La aprobación del Concejo Municipal consiste en transformar dos plazas de oficiales de seguridad en cargos de gerente de Gestión Municipal y gerente de Provisión de Servicios y, además, eliminar otras 11 plazas de guardas que pertenecían a personas que renunciaron, se pensionaron o fueron despedidas, y darle ese presupuesto al pago de las gerentas. En total, el municipio requiere ¢145 millones para los salarios anuales de las gerentas.
Miranda aseguró que promoverá la contratación de una empresa privada que brinde servicios de seguridad a las instalaciones municipales y así poder enviar a las calles a 70 trabajadores de la Policía Municipal que se mantienen, en la actualidad, con funciones de guardas.
‘Joder la vida’
Por último, en su discurso, Miranda dijo no tener tiempo para “dedicarse a asuntos estratégicos”, porque vive en una “guerra” con algunos funcionarios y algunos regidores.
Por ejemplo, llamó a Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, “carebarro” por denunciarlo ante la Procuraduría de la Ética Pública por haber admitido, en un correo electrónico, que mantenía a las dos gerentas trabajando sin tener contenido presupuestario para pagar sus remuneraciones.
“Son unos carebarros, así se los digo, son unos carrebarros, porque han utilizado recursos públicos y han utilizado el derecho y la ley para ampararse y hacer cosas que no están bien”, argumentó Miranda.
“Hay funcionarios que se empeñan en joder la vida”, concluyó el alcalde josefino.
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