Una noche de octubre de 2023, la pareja de un empresario de apellido Sancho, dedicado a dar servicios de seguridad privada, descubrió por casualidad una carta que revelaba que, entre marzo de 2021 y abril de 2023, el hombre, de 60 años, había violado en varias ocasiones a una familiar menor de edad.
La nota, escrita a mano por la víctima durante un retiro espiritual organizado por la iglesia evangélica a la que asistía, no tenía la intención de acusar a su victimario con otro adulto y, mucho menos, con las autoridades policiales o judiciales. Por el contrario, su mensaje hablaba de perdón, de clemencia, de dolor por años de maltrato físico y emocional, y de una tregua.
Ella perdonaba las veces en que el agresor le quitó su ropa interior a la fuerza, los episodios en que la arrinconó en un pasillo para tocar sus genitales o las veces en que, durante las vacaciones, fue abusada.
El ejercicio de reflexión promovido en el retiro pretendía que los jóvenes sacaran cosas que resentían de sus seres queridos y que, luego del evento, le entregaran el documento. Este caso, sin embargo, la misiva no llegó al destinatario, pues la menor prefirió esconderla en su habitación.

Sofía, pareja del empresario, halló la carta mientras hacía limpieza. Días después, la menor de edad le confesó a las autoridades que en realidad pensaba botar el documento, pero al final no lo hizo.
La primera reacción de Sofía —cuyo nombre real reservamos por seguridad— fue de furia, de ganas de lanzarse sobre el hombre que por los últimos 14 años fue su compañero de vida, para recriminarle las agresiones sexuales contra la menor de edad. Pero logró contenerse.
No lo encaró ni reclamó de inmediato por temor a una reacción violenta, pues Sancho, al ser propietario de una firma de seguridad y exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tenía armas en la vivienda. Además, en varias ocasiones, recordó Sofía, colocaba una pistola sobre la cama apuntándole a ella y repetía: “La voy a poner hacia usted, por si se dispara, para que no se pierda la bala”.
DENUNCIAS POR TIPO DE DELITO SEXUAL
LOS CINCO MÁS DENUNCIADOS
FUENTE: PODER JUDICIAL || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
De acuerdo con su relato, en otra ocasión, en el 2015, aprovechándose de que estaba bajo los efectos del alcohol y no podía poner resistencia, Sancho abusó sexualmente de ella; producto de esa agresión, quedó embarazada.
Por todos esos antecedentes decidió tragarse la rabia luego de leer la carta en la que la menor narraba haber sido violada por Sancho.
La mujer esperó hasta el día siguiente, tomó algunas cosas y salió de la vivienda que compartían en un lujoso condominio en Santo Domingo de Heredia. Luego, procedió a poner la denuncia por varias violaciones, contra ella, por el episodio en 2015, y contra la menor, por las agresiones ocurridas entre el 2021 y el 2023.
Aquella decisión de contar todo lo ocurrido,culminó con la sentencia dictada el 16 de enero por el Tribunal Penal de Heredia.
Los jueces condenaron al empresario a 48 años de prisión por tres delitos de violación calificada, un delito de abuso sexual en contra de una persona menor de edad e incapaz, un delito de maltrato y ofensas a la dignidad y un delito de restricción a la autodeterminación, entre otros.
“Él (Sancho) abusaba de la menor desde que tenía 11 años y las violaciones se mantuvieron hasta los 13 años”, manifestó Sofía, visiblemente afectada al hablar de estos hechos.
Se intentó conversar con Rafael Rodríguez, abogado que se encargó de la defensa del empresario durante el juicio, pero manifestó que ya no está representándolo y declaró que no está autorizado para referirse al caso.
No obstante, Rodríguez advirtió que la sentencia podría impugnarse ante los Tribunales de Apelación.
LEA MÁS: Hombre pasará larga condena preso por agresiones sexuales contra tres niñas de su familia
En Costa Rica, según datos del Observatorio del Poder Judicial, entre 2018 y 2022, el abuso sexual contra personas menores de edad fue la conducta más denunciada entre los delitos sexuales, seguido de las relaciones sexuales con personas menores de edad y las violaciones.
Para ponerlo en contexto, solo en 2022, el Ministerio Público recibió 9.148 denuncias por abusos sexuales contra menores de edad e incapaces, relaciones sexuales con menores, violaciones, abusos sexuales contra persona mayor de edad y seducción o encuentros con menores de edad a través de medios electrónicos. De ese total, el 46,9% correspondían a abuso sexual contra menores.
Salir de la casa
Luego de descubrir la carta, la pareja del empresario habló con la víctima y confirmó el contenido, pero también el temor de la adolescente por denunciar. “Él la amenazaba, le decía que si denunciaba, si le contaba a alguien, tomaría represalias”.
La mañana después de leer la carta, la mujer salió de la casa que compartía con el condenado y tuvo una breve conversación en la que le dijo que su relación había terminado.
“Él me respondió que no quería perderme, que no quería perder a su hijo, pero yo solo tomé las llaves del carro, cerré la puerta de la casa y salí. Él no sabía que yo estaba saliendo para ir a denunciarlo”, rememoró.
Un día después de que la mujer puso la denuncia, el 20 de octubre de 2023, los agentes judiciales detuvieron al empresario, quien permanece en prisión preventiva desde entonces.
“La prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme, se vence en agosto del 2025″, precisó.
Pese a que pasaron solo 15 meses entre la interposición de la denuncia y la condena en primera instancia, la mujer asegura que ha sido un proceso desgastante, durante el cual ha temido por su seguridad y ha sufrido amenazas, al punto de que, durante varios meses, estuvo dentro del programa de protección de víctimas y testigos.
De acuerdo con Sofía,mientras avanzaba la causa judicial, el empresario ofreció pagar ¢100 millones en un intento de alcanzar un arreglo extrajudicial. Sin embargo, esa posibilidad fue rechazada por la víctima y sus tutores-
El imputado insistió y subió su oferta a ¢200 millones, pero de nuevo la respuesta fue negativa.
“Ni pagando ¢500 millones", expresó la pareja de Sancho al recordar esos ofrecimientos.
Tres periodos de violaciones
De acuerdo con la sentencia, firmada por las juezas Andrea González Céspedes, Vanessa Ledezma Solórzano y el juez Norberto Garay Boza, durante el debate se logró acreditar que Sancho fue “autor responsable” de dos delitos de violación calificada en perjuicio de la menor de edad.
El primero ocurrió en julio de 2021, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público. La víctima relató a la fiscal encargada del caso que, en ese mes, el hombre la violó en una de las habitaciones de la casa en la que residía.
El segundo, según la sentencia, sucedió entre junio y agosto de 2022, cuando el condenado atacó a la menor en un pasillo de la vivienda, aprovechando que estaban solos.
Según Sofía, en el juicio declararon peritos que acreditaron los abusos. La Fiscalía, además, consiguió comprobantes de compras de medicamentos contra la disfunción eréctil que hizo el acusado en los periodos en que ocurrieron los ataques sexuales contra la menor.
Condena de 48 años
Al sumar todos los delitos que se le atribuyeron, entre ellos maltrato y ofensas a la dignidad y restricción a la autodeterminación, a Sancho se le impuso una condena de 48 años de prisión. Además debe pagar ¢80 millones correspondientes a la acción civil resarcitoria.
Por cada uno de esos delitos, el Tribunal Penal de Heredia le impuso 16 años de cárcel.
Los jueces también dictaron seis años de prisión por un delito de abuso sexual contra persona menor de edad, pues se acreditó que, en julio de 2021, el hombre efectuó tocamientos en perjuicio de la adolescente.
Por la agresión contra Sofía, ocurrida en 2015, se le impuso una pena de 12 años por el delito de violación calificada.
Según la mujer, el empresario aún no ha pagado la indemnización y aseguró que él ha hecho movimientos en los últimos meses para trasladar bienes a nombre de terceras personas.
“La violencia se ha trasladado al plano económico, ya que ni siquiera paga la pensión alimentaria que le corresponde a su hijo”.