Acueductos y Alcantarillados es incapaz de asegurar el suministro de agua potable, concluyó un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer este martes.
Esa incapacidad provocó, por ejemplo, que en 2023 comunidades de Desamparados, como Gravilias y San Juan de Dios, soportaran hasta 91 horas por semana sin el líquido. En decir, los hogares pasaron hasta 13 horas diarias sin el servicio.
Ese es solo uno de una larga lista de hechos que reflejan la ineficiencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en su misión de garantizar la cobertura del servicio de agua potable, la calidad del líquido, la continuidad del suministro y la demanda.
En Alajuelita, los sistemas de acueductos Maquenco-Cuesta Grande-Terciopelo y Colorado, reportaron niveles de continuidad de entre media, media-baja y baja, de 2018 a 2023, eso quiere decir que tuvieron más de 368 horas al año sin agua, eso equivale a 15 días.
“Al no contar con un servicio continuo de agua potable, se limita la realización de sus labores comerciales y domiciliarias”, señaló la Contraloría en su análisis.
Otras comunidades citadas en el reporte que sufren constantes interrupciones son los Hatillos y barrio Amón, en San José, así como Vázquez de Coronado.
El órgano contralor también hizo señalamientos en relación con la metodología de cálculo utilizada por el AyA para definir la continuidad del servicio, pues para la entidad el porcentaje de suministro de agua sin interrupciones es de 97%.
No obstante, indicó la Contraloría, “se identificó que la medición por parte de la institución invisibiliza la realidad que viven las comunidades”.
Suministro de agua del AyA podría empeorar
La Contraloría advirtió de que el riesgo de desabastecimiento y racionamientos será mayor el próximo año, ya que durante el 2024 no se le reconocerá al AyA un 10% del agua no contabilizada, es decir, de la que se pierde por fugas y otras. Esa situación generará pérdidas por más de ¢28.000 millones.
Todos esos aspectos, agregó la Contraloría, “propician la desconfianza en el operador y afectan la salud y el bienestar de los consumidores”.
El AyA declaró a través de su oficina de prensa, que colaboraron con información para que la Contraloría realizara su informe y que “lamentablemente” no fueron anotados “todos los esfuerzos que se han realizado este año y que contribuyen a una mejora sustantiva en el AyA”.
La entidad no detalló a qué esfuerzos se refieren ni mencionó indicadores que permitan verificar la supuesta mejoría.
“Los hallazgos del informe coinciden con la realidad que ha advertido el mismo presidente del AyA desde el inicio de su gestión en febrero del 2024″, afirmó la institución.
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Baja en la calidad del agua
Las ineficiencias del AyA van más allá de la no interrupción del servicio, pues el país enfrenta un deterioro en la calidad del agua que reciben las personas, según la auditoría de la CGR.
Solo el año pasado, 40 distritos alimentados por 23 sistemas acueductos no tuvieron agua potable. En total, 104.000 personas de las regiones de la Gran Área Metropolitana, Central Oeste y Chorotega se vieron afectadas por ese problema.
De los 178 sistemas de abastecimiento administrados por el AyA, hay seis que entre 2018 y 2023 no tuvieron agua potable. Esos seis sistemas abastecen algunas localidades de los distritos de Corredores, Bolsón, Carara, San Josecito, Concepción de Alajuelita, Piedades, Pozos, Santa Ana, San Antonio y Escazú. Según los datos entregados por la Contraloría, esa situación afecta a 9.300 personas.
“Para 2023, solamente 29 de los 178 sistemas de acueductos operados por el AyA cumplieron al 100% los parámetros de calidad del agua y 10 sistemas obtuvieron resultados por debajo del 90%”, enfatizó el órgano contralor.
Acceso al agua
El número de personas que reciben un no como respuesta a la hora de solicitar un nuevo servicio de agua para un domicilio, oficina o proyecto inmobiliario también va en aumento.
En 2022, las solicitudes rechazadas impactaron a 102.000 personas y en 2023 la cifra se disparó a 564.000 usuarios. Las principales razones para denegar nuevos servicios de agua son la falta de capacidad hídrica y la deficiencia en la infraestructura.
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“El acceso del servicio de agua potable es ineficaz, ya que la cobertura del servicio prestado por el AyA ha disminuido en el tiempo, pasó de 99,7% en 2021 a 95,6% en 2023″, apuntó la Contraloría.
Algunos acueductos ni siquiera logran suplir la demanda actual. Ese es el caso de los sistemas de Bahía Ballena, en Osa; Los Reyes, en Alajuela; Santa Eulalia-Alto López y Río Grande, en Atenas; San Ignacio-Guaitil, en Acosta; el Gallo de Curubandé, en Liberia; Cahuita, en Talamanca; Uvita-Trinidad, en Orotina; el Bambú en Esparza y Quebrada Amarilla, en Garabito.
“Dichas situaciones ponen en desventaja a los sectores de menor desarrollo social, aumentando su vulnerabilidad, así como limitando el desarrollo económico y social de las personas”, concluyó la entidad fiscalizadora.
Disposiciones de Contraloría al AyA
La Contraloría le ordenó a Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA, “definir e implementar” acciones a corto, mediano y largo plazo” para disminuir el porcentaje de agua no contabilizada. Para ello, deberá rendir un informe de las labores hechas para cumplir con esa meta, a más tardar, el 31 de julio de 2025, para luego enviar informes de seguimiento y cumplimiento de objetivos.
También deberá ejecutar acciones para mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueductos y tendrá que establecer un plan para mejorar la seguridad del agua.
Entre las tareas encomendadas se incluye “implementar acciones” para mejorar el acceso al agua, para lo cual debe modelar escenarios de consumo. Para ese rubro deberá rendir un informe en mayo de 2025, a más tardar.
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