EscucharAcadémicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados cuestionaron la resolución mediante la cual el rector de la casa de esa enseñanza, Carlos Araya Leandro, aprobó los salarios de 22 empleados de confianza. De hecho, ayer el jerarca solicitó frenar la publicación de la medida luego de múltiples críticas por parte de la comunidad universitaria.
Los académicos Ilka Treminio y Keilor Rojas, ambos miembros del Consejo Universitario, así como la fracción completa del Frente Amplio, criticaron la resolución R-75-2025 en la que se aprobó un nuevo esquema de remuneraciones para jefaturas administrativas, por lo que pidieron conocer los razonamientos de la decisión.
En un documento, del que tiene copia La Nación, el Consejo Universitario solicitó a la Rectoría informar sobre los criterios, las justificaciones y demás consideraciones técnicas discutidas y presentadas en el dictamen CCCP-6-2024, que dieron sustento a la Administración para determinar la escala salarial establecida en la resolución de Rectoría. El oficio está firmado por Patricia Fumero, directora del Consejo, quien explicó que su rúbrica está en razón de su cargo, pero aclaró que la moción con la solicitud de información fue planteada por Ilka Treminio.
En la sesión del Consejo de este jueves, en la cual el rector Carlos Araya no estuvo presente, Treminio manifestó que en el marco del acuerdo, lo esperado es la construcción de escalas desagregadas con las responsabilidades de los puestos.
Según dijo, más que hacer una lista taxativa de oficinas, lo recomendable es diagnosticar en cuáles es de conveniencia institucional que la jefatura o dirección sea asumida por personal académico y, en razón de ello, determinar cuántas escalas salariales y en qué categorías podrían ser asignadas.
“Como miembro del Consejo considero que siendo un órgano de la Universidad de Costa Rica tiene que ejercer una función de control. Al no tener nosotros por recibida la información que se debió entregar antes de proceder con la resolución, lo que muestro es una posición de seguimiento en ejercicio de control”, declaró Treminio a este diario.
LEA MÁS: Rector de la UCR aprobó estos salarios para 22 puestos de confianza
La Nación consultó a Carlos Araya Leandro por qué no presentó los criterios y justificaciones antes de emitir la resolución. Al respecto, dijo que el acuerdo del Consejo Universitario del 3 de diciembre del 2024 señala que el rector debe informar al plenario de las acciones desarrolladas por la Administración.
Asegura que el informe lo dio el martes 18 de febrero. “No obstante, producto de los cuestionamientos surgidos, en la sesión del jueves 20 se tomó el acuerdo de pedir mayores detalles en cuanto a los criterios que sustentan la resolución. Esa información adicional la estaré presentando en la sesión del próximo martes 25″, adelantó Araya.
Durante la sesión del Consejo del jueves, el académico Keilor Rojas solicitó además que se desestimara la resolución cuestionada, al considerar que una decisión de este tipo debe ser fundamentada con más estudios técnicos de la Oficina de Recursos Humanos, de la Vicerrectoría de Docencia y de la Oficina Jurídica.
Señaló que la resolución causó mucho malestar dentro y fuera de la Universidad, lo cual podría afectar futuras negociaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare) o del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
“Por último, porque en una situación como la que ocurrió, se causó un daño a la imagen de la Universidad. En estas situaciones lo adecuado es echar para atrás cuanto antes, reevaluar la medida y prevenir que el daño sea mayor”, añadió Rojas en respuesta a este medio.
En una carta abierta, estudiantes, docentes, jubilados y “amigos de la UCR” solicitaron la derogación inmediata de la resolución R-75-2025 y la anulación de sus efectos.
Por su parte, la fracción en pleno del Frente Amplio le solicitó al rector Carlos Araya, conocer las justificaciones jurídicas, financieras y de oportunidad detrás de esta decisión.
“No omito manifestarle que, a nuestra fracción, que ha sido firme defensora de la inversión en educación pública, le resulta de gran preocupación esta decisión, máxime que múltiples personas indican que existiría una carencia de justificación jurídica, técnica y financiera que la respalde”, señala el documento.
Apoyo a actuación de rector
Para Patricia Fumero la resolución inicial del rector se hizo de manera adecuada. No obstante, le pareció conveniente que Araya detuviera la publicación de los nuevos salarios para “calmar a la comunidad” mientras se gestiona “cómo se arregla el problema que se viene al retirar la resolución”.
La directora del Consejo recordó que en diciembre del 2024 se tomó la decisión de pedir a la administración anterior establecer criterios para esos puestos, que son de carácter docente administrativo y para gestionar asuntos académicos.
“La persona gestora de investigación no puede ser persona administrativa, sino que tiene que tener criterios académicos, no obstante el puesto está como administrativo. Con el cambio al régimen salarial actual, los puestos no se hacen ni competitivos ni atractivos para personal altamente calificado que se tiene en puestos docentes, por eso se solicitó a la administración anterior emitir lineamientos para nombramientos de esos puestos”, explicó.
En el acuerdo CU-2663-2024 se desestimó modificar el artículo 3 del Reglamento del Régimen Salarial Académico, tal y como había solicitado Carlos Araya. Enseguida, se le solicitó a la Rectoría gestionar los mecanismos necesarios para promover la participación de personal académico en puestos de gestión administrativa cuando resulte de interés institucional. “Estos nombramientos deben ser justificados e informados al Consejo Universitario”, indica el documento del que este medio tiene copia.
Con respecto a si considera que hizo falta que el rector informara al Consejo Universitario sobre los salarios y justificarlos, Fumero aseguró que no porque “el Consejo Universitario no coadministra”.
