
El cardenal Giovanni Angelo Becciu, de 76 años, aseguró que mantiene su intención de participar en el cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco, fallecido este lunes. A pesar de su condena por corrupción en 2023, Becciu no ha renunciado a su derecho al voto como purpurado.
El religioso, originario de Cerdeña, se convirtió en una figura clave dentro del Vaticano, al punto de ser uno de los hombres más cercanos a Francisco. Sin embargo, su carrera eclesiástica terminó marcada por un escándalo judicial sin precedentes en la Santa Sede.
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Una carrera diplomática que terminó en los tribunales
Ordenado sacerdote en 1972, Becciu ingresó al servicio diplomático del Vaticano en 1984. Representó a la Santa Sede en varios países, incluyendo Sudán, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Posteriormente, ejerció como nuncio apostólico en Angola, Santo Tomé y Príncipe, y Cuba.
En 2011, se convirtió en sustituto en la Secretaría de Estado, un puesto clave en la administración vaticana. Francisco decidió mantenerlo en esa función y, en 2018, lo elevó a cardenal. Un año más tarde, lo nombró prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El escándalo por la compra de un edificio en Londres
La caída de Becciu comenzó con la revelación de una operación financiera relacionada con la compra de un edificio en Londres.
Según las autoridades vaticanas, el cardenal utilizó dinero del Óbolo de San Pedro —fondo de donaciones destinado a obras de caridad— para adquirir el inmueble.
Durante el proceso judicial, el tribunal del Vaticano lo halló culpable de corrupción, abuso de poder y malversación de fondos. La sentencia incluyó cinco años y medio de prisión, una multa de 8.000 euros (alrededor de ¢43 millones) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A pesar del fallo, Becciu sostuvo su inocencia. Negó haber usado las donaciones con fines indebidos y cuestionó la validez del proceso en su contra.
Francisco aceptó su renuncia, pero mantuvo el título
En 2020, en plena investigación, el papa Francisco aceptó la renuncia de Becciu a sus derechos cardenalicios, lo cual implicó la pérdida de privilegios como participar en consistorios. No obstante, el título de cardenal se mantuvo.
El caso de Becciu marcó un hito, al tratarse del funcionario de más alto rango de la Iglesia Católica juzgado por la justicia civil del Vaticano. El proceso incluyó 86 audiencias en más de dos años y sacó a la luz una red de manejos financieros cuestionables en las altas esferas eclesiásticas.
Desde el inicio del juicio en julio de 2021, otras figuras también enfrentaron cargos por delitos como fraude, lavado de dinero, extorsión y desvío de fondos. La causa se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la historia moderna del Vaticano.
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