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Lopera, España. Junto a sus olivos centenarios, Francisco Campos contempla preocupado el tapiz verde que rodea su pueblo en el sur de España, donde los vecinos luchan por evitar que la instalación de plantas fotovoltaicas obligue a arrancar miles de árboles: “Talar olivos para poner placas solares es un crimen”, asegura.
En Lopera, un pueblo andaluz de 3.600 habitantes, 200 kilómetros al noreste de Sevilla, casi todo tiene que ver con el aceite, del que España es el mayor exportador mundial.
Pero sus fértiles tierras cercanas al río Guadalquivir atrajeron también a empresas como Greenalia o FRV Arroyadas, que solicitaron autorización para instalar varias plantas fotovoltaicas en la comarca.
“Se va a acabar con nuestro modo de vida”, lamenta el agricultor de 64 años, sobre estos proyectos que, según los afectados, podrían alcanzar las 1.000 hectáreas.
Las empresas, que no respondieron a los contactos de la AFP, llegaron a acuerdos económicos para arrendar la gran mayoría, pero se toparon con la oposición de un centenar de pequeños propietarios, a los que el gobierno regional ya comunicó que les expropiará unos metros para instalaciones ligadas a estas plantas, declaradas de “utilidad pública”.
“¿Bien de interés social, el qué? ¿Que me lo quiten a mí para dárselo a una empresa, para que gane dinero esa empresa? Eso no repercute aquí”, critica Francisco.
Situada en Andalucía, que por sus casi 3.000 horas de sol al año es una de las regiones con más plantas fotovoltaicas de España, en Lopera ya intuían que pronto despertarían el interés de la energía solar, pero no pensaban que sería así.
“Nunca nos esperábamos que fuese mediante expropiación, que llegasen y te quitasen lo tuyo para dárselo a una empresa privada”, afirma Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, que denuncia que construir las ocho instalaciones proyectadas supondría arrancar casi 100.000 olivos.
El gobierno regional, sin embargo, rebaja esta cifra a 13.000.
Indignados
Una mañana de primavera, decenas de agricultores se concentran con sus tractores a las afueras de Lopera. Agitando pancartas en las que se lee “No queremos plantas solares”, acuden a acompañar a los afectados de una nueva ronda de expropiaciones para instalar torres de evacuación.
“Estas tierras vienen de nuestros antepasados. Y yo ahora a mis hijos, ¿qué les voy a dar?”, lanza indignada María Josefa Palomo, una jubilada de 67 años.
Con cientos de miles de hectáreas de olivar, la provincia de Jaén concentra el 37% de la producción nacional de aceite de oliva. “El aceite lo es todo en Lopera”, resume Juan Cantera, de 28 años.
Perder 500 hectáreas de olivar supondría sacrificar 950.000 euros en jornales anuales para el pueblo y hasta 2,2 millones de euros en producción, según la cooperativa La Loperana.
‘Hasta el final’
Mientras los agricultores buscan paralizar los proyectos por varias vías -incluida una denuncia por prevaricación ambiental contra el gobierno regional y las empresas-, un hueco de tierra entre el mar de olivos avanza lo que podría venir.
Allí estaban, según la Plataforma, los primeros 5.000 árboles que una compañía arrancó del terreno de un propietario con el que alcanzó un acuerdo.
Un 56,8% de la electricidad generada el año pasado en España empleó fuentes renovables, según Red Eléctrica. De esa porción, un 17% correspondió a la energía solar fotovoltaica, la segunda fuente verde, por detrás de la eólica.
Con el país posicionado como uno de los líderes europeos de la transición ecológica, desde el gobierno andaluz destacan las oportunidades para la región y rechazan que estos proyectos se estén instalando de forma traumática.
“En el conjunto de Andalucía, de toda la potencia instalada [de renovables, ndlr] que tenemos a día de hoy, que es importante, son 14.500 megavatios, solo ha sido necesario recurrir a expropiaciones en menos del 1% de la superficie”, subraya a la AFP el consejero regional de Industria, Jorge Paradela, especificando que la mitad de ese porcentaje corresponde a servidumbres de paso.
En Unión Española Fotovoltaica, que agrupa a más de 800 empresas del sector, destacan también las posibilidades que abren estos proyectos en ayuntamientos rurales, que multiplican sus ingresos en tributos.
Se trata de “cantidades muy importantes que luego repercuten en una mejora de servicios para el pueblo”, resalta José Donoso, director general de Unef.
En Lopera, sin embargo, disienten de esos cálculos, y aseguran que seguirán luchando. “Hasta el final. Lo que es nuestro nadie nos lo va a quitar”, promete Juan Cantera.
